Junts

El Gobierno español ha sufrido una significativa derrota parlamentaria al no lograr la aprobación de la reducción de la jornada laboral, un proyecto clave impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La oposición, compuesta por Junts, PP y Vox, se unió para rechazar la propuesta que buscaba reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales. Durante el debate, Díaz criticó duramente a Junts y su portavoz Miriam Nogueras, acusándolos de alinearse con intereses empresariales en lugar de defender a los trabajadores. A pesar de las protestas de sindicatos y el intento de presión antes de la votación, la negativa de las derechas impidió que el proyecto avanzara en el Congreso. Esta situación refleja tensiones políticas significativas dentro del actual panorama legislativo en España.

Izquierda Unida (IU) ha establecido un "límite" en la delegación de competencias estatales en materia de inmigración, enfatizando el respeto absoluto a los derechos humanos y a los tratados internacionales sobre migración y asilo. Esta postura surge tras la propuesta de ley que permite a la Comunidad Autónoma de Catalunya gestionar ciertas competencias en inmigración, acordada entre el PSOE y Junts. IU destaca que la autoridad estatal debe homologar los permisos de residencia para quienes se establezcan en Catalunya, asegurando así que las políticas de asilo y refugiados sigan siendo competencia exclusiva del Estado. La formación política subraya la importancia de desarrollar criterios claros para la gestión de sanciones y expulsiones, con el objetivo de consolidar un nuevo marco para la gestión de migraciones en España.

Más de 60 alcaldes de Izquierda Unida han expresado su preocupación por la crisis financiera que enfrentan los municipios tras la negativa del PP, Vox y Junts a las medidas del 'decreto ómnibus' que mejoraban la financiación local. En un escrito dirigido al Congreso, exigen la derogación de la 'ley Montoro', argumentando que esta situación está comprometiendo la capacidad de los ayuntamientos para ofrecer servicios esenciales. La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aida Castillejo, advirtió sobre un recorte de 6.200 millones de euros en las arcas municipales, lo que podría afectar gravemente a los servicios públicos. Los líderes de IU instan al Gobierno a reformar el modelo de financiación local y garantizar recursos suficientes para los municipios, especialmente los más pequeños.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, criticó en Santander la unión de votos entre PP, Vox y Junts para rechazar las ayudas al transporte público y la subida de pensiones aprobadas por el Gobierno. Maíllo destacó la importancia de que estas fuerzas políticas expliquen su decisión, que afecta a millones de pensionistas y a la calidad del transporte público. Además, defendió los logros del Gobierno en cuanto a la protección de las pensiones y el carácter público de los servicios. Afirmó que no se ha propuesto aumentar la edad de jubilación, desmintiendo afirmaciones erróneas sobre este tema.

El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha anunciado que están trabajando para reactivar la Agencia Estatal de Salud Pública tras su reciente rechazo por parte de partidos de derecha en el Congreso. Santiago criticó la decisión del Partido Popular y Junts, quienes cambiaron su voto a 'no' después de haber apoyado la ley previamente. Esta agencia, cuya necesidad se evidenció durante la pandemia de Covid-19, busca fortalecer la sanidad pública en España. El cambio de postura del PP fue inesperado y ha generado preocupación sobre las intenciones políticas de la derecha. Para más detalles, visita el enlace.

Arcópoli expresa su preocupación por el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, acordado entre el PSOE y Junts. La organización defiende los derechos de las personas LGTBI+, migrantes y refugiadas, alertando sobre los posibles riesgos que este acuerdo puede representar para sus derechos.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, denuncia que PP, Junts y Vox han intensificado su acoso al Gobierno, cometiendo un error estratégico al votar en contra de medidas clave como el aumento de pensiones y ayudas al transporte. En una rueda de prensa en Logroño, Maíllo afirmó que estas acciones perjudican a millones de ciudadanos y reflejan la debilidad de estas formaciones ante la indignación popular. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, respaldó este análisis y aseguró que el Gobierno trabaja en soluciones rápidas para mitigar los efectos negativos de las decisiones tomadas por la oposición. Maíllo instó a la ciudadanía a exigir responsabilidades a estos partidos por sus acciones que afectan a sectores vulnerables.

Eva García Sempere, portavoz de Izquierda Unida, afirma que el Gobierno de coalición puede operar con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, a pesar de la presión de Junts. Aunque reconoce que no es el escenario ideal, anima a no rendirse en la búsqueda de nuevas cuentas públicas que beneficien a la clase trabajadora. García Sempere destaca la importancia de trabajar con todos los grupos del bloque de investidura para avanzar en medidas sociales esenciales como Sanidad, Educación y Vivienda. Además, reafirma el compromiso de IU en la defensa de las pensiones y las condiciones laborales. La reunión reciente sobre la reducción de la jornada laboral también fue valorada positivamente por la portavoz.