Justicia

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a 25 años de cárcel y a prisión permanente revisable por el asesinato de su pareja y de la hija de esta, una niña de 8 años. El tribunal dictó la sentencia tras considerar que el acusado actuó con alevosía y ensañamiento, asestando múltiples puñaladas a ambas víctimas. La agresión a la menor fue especialmente cruel, ya que fue atacada por la espalda mientras intentaba llamar al 112. Aunque el condenado alegó problemas de salud mental y consumo de sustancias, el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para considerar estas circunstancias como atenuantes. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluyendo Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, afirma que se cumplió con el proceso de concertación para los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue emitido correctamente. Además, se rechazan las alegaciones sobre la falta de motivación técnica en la fijación de estos caudales. Esta decisión reafirma la validez del proceso administrativo y normativo en la gestión hídrica en España.

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a prisión a dos hombres por robar colchones de un almacén y venderlos a bajo precio por Internet. Uno de los condenados recibió una pena de dos años y tres meses por robo con fuerza, mientras que el segundo fue sentenciado a un año y ocho meses por receptación. Los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 2022, cuando el ladrón sustrajo hasta ocho colchones, algunos en buen estado, para luego venderlos a través de una plataforma online. La sentencia también impone una indemnización de 1.785 euros a la empresa afectada.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó el papel del Ministerio Fiscal en la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la Carrera Fiscal en Madrid. En su intervención, subrayó la importancia de la Fiscalía como defensora del Estado de derecho y anunció que esta promoción será la primera en trabajar en los nuevos Tribunales de Instancia. Bolaños también resaltó la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por avances en digitalización y modernización, incluyendo el Real Decreto-Ley 6/2023 que facilita procedimientos telemáticos. Además, se mencionaron las Becas SERÉ para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia.

Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La Audiencia de Navarra dictó la sentencia tras comprobar un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar con más de 30.000 euros a su familia por los daños causados. A pesar de tener órdenes de alejamiento, convivió con ellos hasta marzo de 2023, cuando se produjo una agresión grave en presencia de sus hijos. La sentencia incluye múltiples delitos relacionados con el maltrato y quebrantamiento de condena.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha rechazado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 respecto al regreso de un menor a Italia, argumentando que los hechos denunciados no corresponden a violencia de género. A pesar de esta decisión, el menor permanecerá en España debido a una orden provisional anterior. La situación genera un posible conflicto entre juzgados que deberá ser resuelto por el Decanato o la Audiencia de Granada. Además, se están tramitando diligencias sobre un presunto maltrato del padre hacia el menor ocurrido en Italia, aunque estas fueron archivadas provisionalmente por falta de indicios suficientes. Se ha solicitado la remisión urgente de los hechos a las autoridades judiciales italianas competentes.

Un Juzgado de lo Social en Cáceres ha fallado a favor de una mujer cuyo derecho a la prestación por cuidado de su hijo con una discapacidad del 93% fue denegado por la Seguridad Social. La demandante, enfermera, había solicitado la reducción de jornada y la prestación económica debido a la grave condición de su hijo, que presenta parálisis cerebral y discapacidad cognitiva severa. La sentencia subraya que el grado de dependencia requiere cuidados especiales más allá de los ordinarios. Aunque el fallo no es firme y puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, establece un precedente importante para los derechos de las familias con hijos discapacitados.

El Gobierno de España ha aprobado una importante reforma para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia y adaptarla a las nuevas demandas sociales. Esta reforma busca promover la igualdad de oportunidades en el acceso a estas carreras, mejorar la carrera profesional de sus integrantes y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras. Entre las medidas destacadas se incluyen la creación de becas para opositores, un sistema de selección más justo y recursos humanos adecuados según la carga de trabajo. Además, se introduce un proceso de estabilización para jueces sustitutos y fiscales interinos, alineándose con los estándares europeos. La ley también moderniza los procesos electorales dentro del Poder Judicial.

Andalucía ha lanzado "la patrulla canina de Justicia", un innovador proyecto en Huelva que busca acompañar a víctimas vulnerables durante los procesos judiciales. Este programa, parte del Plan de Humanización de la Justicia, incluye la terapia con perros adiestrados para reducir la ansiedad de quienes deben declarar en los juzgados. El consejero José Antonio Nieto presentó esta iniciativa, que se implementará inicialmente con menores y podría extenderse a otras víctimas como las de violencia de género. La presencia de estos animales tiene como objetivo crear un entorno más amigable y mejorar el bienestar emocional de las víctimas, facilitando testimonios más claros y coherentes.

La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de tres años de prisión para Carlos S., excomisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas, por recibir dádivas de empresarios entre 2010 y 2015 a cambio de trato preferente a sus clientes. La sentencia incluye el decomiso de regalos valorados en 273.915 euros, como un Porsche Cayenne y 135.000 euros en efectivo. También se ha condenado a tres meses de prisión al empresario Francisco Menéndez Rubio por cohecho activo. A pesar de las atenuantes, la pena se mantiene debido a la gravedad del delito y la posición de responsabilidad del acusado.

Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión en Valencia por agredir sexualmente a su hijo menor durante unas vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, tras comprobar que el padre realizó tocamientos inapropiados y se masturbó frente al niño. Además, se le inhabilita para ejercer la patria potestad durante seis años y deberá indemnizar al menor con 5.000 euros por daños morales. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha calificado de "incomprensible" la intención del PSOE de eliminar la acusación popular, un avance clave en la justicia democrática. Santiago argumenta que esta figura ha sido fundamental para perseguir delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, especialmente cuando las instituciones no actúan. Su crítica surge tras la proposición de ley del PSOE que busca restringir la acusación popular, justificándola como una medida para proteger derechos fundamentales. Santiago aboga por una reforma judicial profunda en lugar de limitar este mecanismo esencial para la justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado la condena de dos años y seis meses de prisión a un hombre por apropiarse de 91.650,80 euros de su tía enferma de Alzheimer. La sentencia detalla cómo el acusado manipuló las finanzas de su tía desde 2012, abriendo cuentas conjuntas y realizando transferencias y disposiciones en su beneficio, tanto durante la vida de la anciana como después de su fallecimiento en 2020. Además, se le impone una multa y el pago a los herederos de la mujer. Esta condena no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.