ley de memoria democratica
31/10/2025@23:36:11
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la concesión de la nacionalidad española a casi 170 descendientes de miembros de las Brigadas Internacionales que han solicitado este derecho bajo la Ley de Memoria Democrática. Durante un acto en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, Sánchez subrayó la importancia de reconocer a estos descendientes como compatriotas y defendió la necesidad de proteger la democracia ante el revisionismo histórico. Además, se comprometió a acelerar la disolución de la Fundación Francisco Franco y a publicar un catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática antes de finalizar noviembre. En su discurso, destacó el valor de honrar a las víctimas del golpe militar y la dictadura, resaltando que la democracia es una conquista colectiva que debe ser defendida frente a las amenazas actuales.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha anunciado que el Boletín Oficial del Estado publicará en noviembre un catálogo completo de símbolos franquistas con el objetivo de retirarlos definitivamente. Este anuncio se realizó durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, donde Sánchez destacó las medidas adoptadas para combatir la exaltación del fascismo, incluyendo la Ley de Memoria Democrática y la reforma de la Ley de Asociaciones. Además, defendió las políticas en materia de vivienda y apoyo a trabajadores autónomos, resaltando el aumento en la construcción de viviendas de protección oficial y las ayudas implementadas durante la pandemia. También mencionó medidas sociales y económicas recientes, como una inyección de 500 millones de euros para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y apoyo a agricultores afectados por incendios.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reunió con la colectividad española en Buenos Aires, donde destacó la importancia de reconocer a los descendientes de la diáspora española de 1939. Torres recordó que los hijos y nietos de exiliados tienen hasta el 22 de octubre para solicitar la nacionalización española bajo la Ley de Memoria Democrática. Esta ley busca reparar el daño histórico a las víctimas de la guerra y la dictadura, permitiendo que quienes tengan ascendencia española puedan reclamar su nacionalidad. Desde su aprobación, cerca de 900.000 personas han solicitado este derecho, siendo Buenos Aires el consulado con más peticiones. El Gobierno español ha mostrado una especial sensibilidad hacia el reconocimiento de estos ciudadanos emigrados.
El proceso busca cumplir lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. Como primer paso, se inician las actuaciones previas dirigidas a obtener información y elementos de juicio que motiven el inicio del procedimiento para instar judicialmente la extinción.
El Ejecutivo destaca el reconocimiento a las víctimas y establece medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. Por otro lado, el Gabinete ha regulado la venta al público sin receta de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19 y ha presentado la norma que mejora la protección a los consumidores.
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Izquierda Unida (IU) ha alertado sobre la "ofensiva del PP contra la Memoria Democrática en las escuelas" en las comunidades donde gobierna. Toni Valero, diputado y portavoz de IU en temas educativos, ha denunciado el "sectarismo político" del partido de Alberto Núñez Feijóo y su intento de desmantelar la enseñanza de valores democráticos. En una iniciativa registrada en el Congreso, Valero pregunta al Gobierno qué medidas tomará para abordar esta situación, especialmente tras la retirada arbitraria de un curso sobre el franquismo y la Memoria Democrática en Madrid. Además, critica que otros gobiernos autonómicos, como el andaluz, también obstaculicen la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el sistema educativo.
El Gobierno de España ha otorgado hasta la fecha 240.000 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos, en el marco de la Ley de Memoria Democrática. Esta ley permite que los hijos y nietos de españoles que se vieron obligados a abandonar el país durante la Guerra Civil y la dictadura puedan recuperar su nacionalidad. Desde su aprobación, se han recibido más de 876.000 solicitudes, siendo Argentina el país con mayor número de peticiones. Las oficinas consulares en Iberoamérica han gestionado más del 95% de las solicitudes, destacando los consulados en Argentina y Cuba. El plazo para formalizar estas solicitudes se extiende hasta el 24 de octubre de 2025.
El presidente del PP asegura que realizará ajustes en la Ley de Educación y en la de Eutanasia, y modificará la legislación laboral para que cualquier cambio sea dialogado, tras confirmar que derogará la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans.
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