12/08/2025@13:12:04
El servicio 028 Arcoíris, impulsado por el Ministerio de Igualdad, ha realizado 23.523 atenciones desde su inicio en julio de 2023 hasta finales de julio de 2025. Este servicio ofrece información y atención integral en derechos LGTBI, con un aumento del 37,3% en las consultas durante su segundo año de funcionamiento. Las principales razones para contactar incluyen apoyo psicológico, asesoramiento legal y situaciones de discriminación. Disponible las 24 horas del día y en diez idiomas, el 028 es gratuito y confidencial. La ministra Ana Redondo destacó su importancia frente al incremento de la lgtbifobia y la necesidad de asegurar los derechos del colectivo LGTBI.
Arcópoli expresa su preocupación y rechazo ante la decisión del PSOE de prohibir el uso de las siglas Q+ en el contexto LGTBI+. Esta medida se considera un retroceso en el reconocimiento de diversas identidades, como las personas queer, no binarias y asexuales. La organización critica que esta acción se alinee con posturas que fragmentan el colectivo LGTBI+, especialmente en un momento en que los ataques contra sus derechos están en aumento. Arcópoli exige al PSOE que rectifique, subrayando que la inclusión de todas las realidades es fundamental para la lucha por la igualdad.
El Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Información Clasificada, actualizando un texto de 1968, en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Europea. Esta ley establece cuatro niveles de información reservada y plazos de desclasificación que varían según la sensibilidad del contenido. Además, se ha aprobado una subvención de 10 millones de euros para proporcionar atención sanitaria a enfermos de ELA en situaciones graves. Estas iniciativas forman parte del Plan de Acción por la Democracia, que busca fortalecer derechos fundamentales y garantizar el secreto profesional de los periodistas.
Arcópoli ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid contra Carla Toscano, concejala del Ayuntamiento de Madrid por VOX, por sus declaraciones consideradas LGTBIfóbicas durante un pleno el 24 de junio de 2025. Toscano utilizó un lenguaje cargado de odio y prejuicios hacia el colectivo LGTBI+, afirmando que la bandera LGTBI representa ideologías destructivas y acusando a organizaciones defensoras de derechos LGTBI+ de promover el adoctrinamiento. Arcópoli argumenta que estas declaraciones cruzan los límites de la libertad de expresión y han recibido el apoyo de ocho organizaciones LGTBI+ y de derechos humanos. La organización reafirma su compromiso en la lucha contra el discurso de odio y la defensa de los derechos humanos.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha advertido que participar en la marcha del Orgullo de Budapest, que ha sido prohibida por las autoridades, "tendrá consecuencias legales". Las reformas constitucionales aprobadas por su partido permiten multar a quienes asistan a este evento. A pesar de la prohibición, el alcalde de Budapest sostiene que la marcha se llevará a cabo como un evento municipal. La presidenta de la Comisión Europea ha instado a Hungría a permitir la celebración sin sanciones. Se espera la participación de numerosos políticos internacionales en la marcha.
El 18 de junio de 2025, se anunció la aprobación de la Estrategia Estatal para la no discriminación de las personas LGTBI en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Este acuerdo incluye la creación de un grupo de trabajo que se enfocará en avanzar en la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación, con el objetivo de eliminar cualquier forma de discriminación. Esta iniciativa refuerza el compromiso del gobierno con los derechos y la igualdad del colectivo LGTBI en España. Para más información, visita el enlace.
Arcópoli ha denunciado los pactos LGTBIfóbicos entre el Partido Popular y VOX en Madrid, que están promoviendo la censura educativa en temas de diversidad sexual. La asociación LGTBI+ alerta sobre la eliminación de talleres de sensibilización en diversos municipios madrileños, lo que afecta negativamente a la educación en diversidad. Esta situación pone de manifiesto un retroceso en los derechos y la inclusión del colectivo LGTBI+.
La alcaldesa detalla los actos organizados bajo el lema ‘Celebrem #OrgullVLC’ e inspirados en el pasodoble ‘València’ del maestro José Padilla, en un guiño a la ciudad de las flores, la luz y el amor.
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Arcópoli se posiciona firmemente en contra de la intención de derogación de la Ley Trans, anunciada por Alberto Núñez Feijóo. Esta ley, que garantiza los derechos y la igualdad efectiva de las personas trans y LGTBI+, representa un avance crucial tras años de exclusión. La posible revocación de esta legislación es vista como un grave retroceso en los derechos humanos, enviando un mensaje perjudicial a un colectivo ya vulnerable. Arcópoli rechaza esta iniciativa y se compromete a defender los derechos LGTBI+ con todas las herramientas disponibles, afirmando que estos derechos son conquistas irrenunciables que deben ser protegidas en cualquier sociedad democrática.
El Consejo de Ministros ha aprobado las primeras Estrategias estatales LGTBI y trans, impulsadas por el Ministerio de Igualdad. Estas estrategias, que responden a la Ley 4/2023 para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y trans, tienen un carácter cuatrienal y buscan ser herramientas clave para eliminar la discriminación y promover la inclusión social. La Estrategia LGTBI se centra en prevenir la violencia LGTBIfóbica y fomentar la colaboración entre administraciones, mientras que la Estrategia trans aborda medidas en ámbitos como el laboral, educativo y sanitario. Ambas estrategias han sido elaboradas mediante un proceso participativo con diversas entidades y expertos.
Víctor Gutiérrez, portavoz adjunto socialista de Deportes y secretario LGTBI del PSOE, enfatiza la importancia de defender los derechos obtenidos en el contexto actual, donde la ultraderecha representa una amenaza real. Durante la jornada Parlamentaria '20 años de matrimonio igualitario', se celebró el avance legislativo que permitió a España convertirse en pionera en igualdad. Gutiérrez recuerda que los derechos deben ser defendidos activamente y destaca iniciativas legislativas en marcha para combatir discursos de odio y penar las terapias de conversión. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también subraya la necesidad de continuar avanzando en derechos humanos y mantener la lucha por la libertad e igualdad.
El Congreso de España ha aprobado la Proposición de Ley Orgánica del Grupo Socialista que busca modificar el Código Penal para penalizar con prisión las falsas terapias de conversión. Esta iniciativa, que recibió el voto en contra de Vox, tiene como objetivo proteger a las personas LGTBI de prácticas que intentan eliminar o negar su orientación sexual, identidad o expresión de género. El ponente socialista, Víctor Gutiérrez, destacó la necesidad de saldar una deuda histórica con la comunidad LGTBI y aseguró que estas prácticas son una forma de tortura. La propuesta establece penas de seis meses a dos años para quienes realicen estas terapias, con sanciones más severas si las víctimas son menores. La ley continúa su tramitación parlamentaria y representa un avance significativo en la defensa de los derechos LGTBI en España.
Arcópoli ha emitido un comunicado en respuesta a las declaraciones de la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, quien negó que se haya ejercido presión sobre la entidad para modificar la publicación del Informe Anual de Incidentes de Odio por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid. La organización defiende su posición y denuncia la censura relacionada con este informe crucial para visibilizar la situación de la comunidad LGTBI.
Igualdad propone otorgar ayudas a 10 entidades LGTBI de la ciudad de València dentro de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades que promueven la igualdad del colectivo.
Este viernes se ha registrado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid una proposición de ley por la que se modifica la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, bajo el procedimiento de urgencia.
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