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El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará su labor para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

El Imserso ha adjudicado su nuevo programa de turismo para la temporada 2025-2026, ofreciendo un total de 879.213 plazas en todo el territorio nacional, con un presupuesto cercano a los 60 millones de euros. El contrato se divide en tres lotes, que incluyen viajes a la costa peninsular e insular y escapadas culturales. Entre las novedades destaca una tarifa fija de 50 euros para pensionistas con menos recursos, permitiendo viajar sin importar el destino. Además, se incluye la opción de viajar con animales de compañía y se han implementado medidas para desestacionalizar los viajes y mejorar la calidad del servicio. Este año se celebra el 40 aniversario del programa, que ha crecido significativamente desde sus inicios.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que prohíbe la publicidad de vuelos cortos cuando exista una alternativa menos contaminante, así como la publicidad de combustibles fósiles y vehículos que usen estos combustibles. La ley busca promover un consumo responsable y consciente, e incluye medidas para combatir el greenwashing, regular la publicidad del miedo y fomentar la economía circular. También se prohíbe la reventa de entradas con aumento de precio y se regula la práctica comercial conocida como reduflación. Esta normativa refuerza la protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores en línea con las directivas europeas sobre sostenibilidad.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España se une a autoridades de 35 países para combatir el greenwashing en las aerolíneas. Esta iniciativa busca garantizar que las afirmaciones medioambientales de las compañías aéreas sean veraces y respaldadas por evidencia científica. La acción, impulsada por la red internacional ICPEN, incluye recomendaciones para evitar comunicaciones engañosas sobre sostenibilidad y el uso de combustibles de aviación sostenibles. El objetivo es asegurar una información clara y precisa para los consumidores, especialmente en un sector con alto impacto económico y ambiental.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en su plataforma, tras recibir respaldo judicial para esta acción. La Justicia ha instado a la empresa a retirar inicialmente 5.800 anuncios que no cumplen con la normativa vigente sobre publicidad de alojamientos turísticos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de número de licencia, la omisión de la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso de licencias incorrectas. Esta medida busca combatir la ilegalidad en el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha identificado más de 15,200 pisos turísticos ilegales en Madrid, contrastando con solo 1,131 licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Esta discrepancia ha llevado al ministerio a solicitar al alcalde José Luis Martínez-Almeida la eliminación de los anuncios de estas propiedades. Los datos incluyen direcciones específicas de alojamientos sin licencia, lo que permitirá al consistorio tomar medidas sancionadoras. El ministro Pablo Bustinduy destaca la necesidad urgente de actuar para proteger el derecho a la vivienda digna y frenar la proliferación de estos alquileres ilegales en la capital española.

En su primer año de funcionamiento, las tarjetas monedero han beneficiado a más de 70.000 familias vulnerables en España, según datos de Cruz Roja. Este programa, que permite la compra de alimentos y productos de primera necesidad en supermercados, comenzó en 2024 con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Las tarjetas se entregan a hogares con niños y adolescentes a cargo, promoviendo un acceso inclusivo y menos estigmatizante a recursos esenciales. A partir de 2025, las Comunidades Autónomas gestionarán el programa de forma independiente, continuando así el apoyo a las familias necesitadas.

El Gobierno de España ha ampliado las adaptaciones en las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad, permitiendo tiempo adicional, el uso de perros de asistencia y prótesis auditivas sin restricciones. Esta medida busca garantizar la igualdad en los procesos selectivos y aumentar la representación de personas con discapacidad en la función pública. La nueva normativa, consultada con el Consejo Nacional de Discapacidad, incluye ajustes razonables y recursos necesarios para facilitar la participación. Además, se incrementa la cuota de reserva del 7% al 10% para este colectivo en el empleo público.

El modelo de atención a la dependencia en España se está transformando hacia un enfoque más cercano y personalizado, con el 56% de las prestaciones ahora brindadas en hogares y comunidades. Según el último informe del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio han experimentado crecimientos significativos del 119% y 42,5% respectivamente desde 2020. En total, las prestaciones han aumentado un 54%, alcanzando más de 2,2 millones. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, destacó la importancia de una reforma legislativa para mejorar la personalización de los cuidados y eliminar incompatibilidades entre prestaciones. Además, la lista de espera ha disminuido en un 2,4%, reflejando una mejora en la capacidad del sistema para atender a más personas dependientes.

El Gobierno de España está adaptando el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para hacerlo más accesible y comprensible. Los ministerios de Derechos Sociales e Inclusión han anunciado que se están simplificando los formularios y la información relacionada con el IMV, utilizando 'Lectura fácil' para eliminar barreras lingüísticas. Esta iniciativa fue presentada por Pablo Bustinduy durante su visita al Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. La medida busca facilitar el acceso a la prestación a personas con dificultades de comprensión, promoviendo una administración más cercana y accesible. Además, se incorporarán servicios de videointerpretación en lengua de signos y accesibilidad auditiva. Este esfuerzo responde a la necesidad de garantizar derechos fundamentales relacionados con la salud, educación y empleo para las personas que requieren esta adaptación.

Más del 80% de los perros y gatos que llegan a centros de recogida en España no están identificados con chip, según un estudio del Ministerio de Derechos Sociales. Este informe revela que el 95% de los gatos y el 70% de los perros carecen de este sistema de identificación, lo que dificulta su retorno a los propietarios. Además, se destaca que uno de cada cuatro ayuntamientos no cuenta con medios para gestionar la recogida de animales, a pesar de estar obligados por ley. El estudio servirá como base para un Plan estatal de Acción contra el Abandono, que busca mejorar la protección animal y reducir el abandono en el país.

El Ministerio de Derechos Sociales de España ha anunciado la creación de una comisión interministerial para fortalecer el Sistema de Dependencia, ante la proyección de necesitar 261.400 trabajadoras más para 2030. Esta iniciativa busca abordar el reto demográfico y mejorar las condiciones laborales en el sector de cuidados. El ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de un enfoque colaborativo entre diferentes ministerios y gobiernos autonómicos para garantizar una atención adecuada a la creciente población que requiere cuidados. Se espera que, en cinco años, el número total de trabajadoras en este ámbito alcance las 751.000, lo que representa un aumento del 53%.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió en Ibiza con el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, para discutir la creciente problemática de los pisos turísticos ilegales en las Islas Baleares. Durante el encuentro, se presentaron datos que indican que más de 7.000 viviendas turísticas están siendo anunciadas sin incluir su número de licencia, lo que representa aproximadamente el 30% del total de alojamientos en la región. Bustinduy destacó que esta situación no solo afecta el acceso a la vivienda para los residentes, sino que también constituye publicidad ilícita según la legislación vigente. Además, se abordaron investigaciones en curso sobre prácticas engañosas por parte de plataformas y agencias inmobiliarias relacionadas con el alquiler. El Consell de Ibiza ha implementado medidas para combatir el intrusismo y promover un turismo regulado.

El Gobierno de España ha iniciado el trámite de audiencia pública para una nueva Orden que mejorará el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Este proyecto establece adaptaciones en tiempos y medios durante los procesos selectivos, garantizando condiciones de igualdad para los aspirantes. Los ciudadanos pueden presentar observaciones hasta el 21 de enero de 2025. La iniciativa busca actualizar medidas que datan de hace casi dos décadas y refuerza el compromiso del Gobierno con la inclusión laboral, incluyendo un cupo del 10% en la Oferta de Empleo Público para personas con discapacidad.