parlamento europeo

El Parlamento Europeo ha decidido paralizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, enviándolo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados europeos. Esta decisión se tomó con un ajustado resultado de 334 votos a favor y 324 en contra, debido a preocupaciones sobre la validez del mecanismo de reequilibrio del pacto, que podría afectar la autonomía regulatoria de la UE. La Comisión Europea ha expresado su descontento, argumentando que las cuestiones planteadas ya han sido abordadas previamente. Se estima que el TJUE tardará entre 18 y 24 meses en emitir una opinión sobre el acuerdo.

La Unión Europea ha aprobado la obtención del carnet de conducir a partir de los 17 años, con la condición de que los jóvenes vayan acompañados hasta cumplir los 18. Esta reforma también establece un periodo de prueba de al menos dos años para conductores noveles, quienes deberán seguir normas más estrictas y enfrentar sanciones severas por infracciones graves. Además, se contempla la creación de un carnet digital europeo con una validez de hasta 15 años para 2030 y la posibilidad de retirar permisos transfronterizos en caso de infracciones. La medida espera entrar en vigor tras su publicación oficial, aunque los países tendrán tres años para adaptarla a sus legislaciones nacionales.

Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, ha anunciado su intención de declarar al movimiento antifascista 'Antifa' como "organización terrorista", siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos. Orbán expresó su apoyo a la decisión del presidente estadounidense y afirmó que es momento de adoptar medidas similares en Hungría. Este anuncio se produce en un contexto donde se menciona el caso de Ilaria Salis, una figura política acusada de agredir a manifestantes neonazis. Sin embargo, expertos legales muestran escepticismo sobre la viabilidad de esta designación, dado que 'Antifa' no cuenta con una estructura organizativa definida.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrentará a una moción de censura el próximo 10 de julio, impulsada por el eurodiputado rumano Gheorghe Piperea del grupo ultraderechista Conservadores y Reformistas Europeos. Esta iniciativa surge tras la solicitud de más de 72 eurodiputados que exigen su destitución por ocultar mensajes de texto con el CEO de Pfizer durante la pandemia. Aunque la moción ha sido formalmente registrada y se llevará a cabo un debate previo, fuentes parlamentarias indican que no tiene posibilidades de éxito debido a la falta de apoyo mayoritario en la Eurocámara. La moción se basa en una reciente sentencia del Tribunal General de la UE que anuló la negativa de acceso a estos mensajes.

Cristina Maestre, eurodiputada socialista, ha exigido en el Parlamento Europeo reglas claras para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de valor alimentaria. Durante su intervención en la Comisión de Agricultura, destacó la necesidad de reformar el reglamento de la OCM Única para corregir el desequilibrio que enfrentan los productores, quienes a menudo aceptan precios por debajo de sus costos. Maestre aboga por contratos formales obligatorios y resalta la importancia de las cooperativas y organizaciones de productores como pilares fundamentales de esta reforma. Su llamado busca garantizar una cadena alimentaria más justa y equilibrada, con medidas concretas y sin ambigüedades legales.

El Consejo Superior de la Magistratura francesa ha denunciado que los jueces responsables de la sentencia contra Marine Le Pen están recibiendo amenazas personales. Esta situación surge tras la condena de Le Pen por malversación de fondos, que le impide postularse a cargos públicos durante cinco años. El consejo expresó su preocupación por las reacciones hostiles hacia el veredicto, advirtiendo que podrían comprometer la independencia del poder judicial. Le Pen y su abogado han anunciado su intención de apelar la decisión, argumentando que se trata de una diferencia administrativa sin corrupción involucrada.

El Parlamento Europeo ha exigido a España la ratificación inmediata de la reforma de la ley electoral europea, que incluye la implementación de un umbral electoral mínimo de entre el 2% y el 5% en las elecciones europeas. Esta medida busca corregir distorsiones democráticas y garantizar una representación equitativa en el Parlamento. A pesar del apoyo mayoritario de los socialistas europeos, los eurodiputados españoles del PSOE han votado en contra, alineándose con Vox para mantener el bloqueo y favorecer a partidos nacionalistas. El informe destaca la necesidad de mayor transparencia electoral y critica los pactos internos que obstaculizan decisiones europeas ya adoptadas.

La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, ha propuesto en el Parlamento Europeo abrir un debate para incluir la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta de Derechos de la Unión Europea. Durante su intervención, destacó la importancia de garantizar este derecho en todo el territorio europeo y criticó las diferencias en su acceso dentro de España. Redondo subrayó que, a pesar de que el aborto es un derecho reconocido desde 1985, es necesario reforzar su aplicación práctica para evitar desigualdades. Además, participó en una reunión sobre derechos de las mujeres y se reunió con eurodiputados para discutir políticas de igualdad y salud reproductiva.

La periodista ucraniana Iryna Danilovych ha denunciado en una carta a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, las condiciones inhumanas y la tortura psicológica que sufren las detenidas en la prisión rusa donde se encuentra recluida. Desde su deportación de Crimea hace casi dos años, Danilovych ha sido sometida a un régimen de aislamiento y acoso psicológico que busca quebrantar su resistencia. La Unión Europea y Reporteros Sin Fronteras han expresado su preocupación por su situación y exigen su liberación inmediata. Actualmente, 28 periodistas ucranianos permanecen encarcelados en Rusia bajo acusaciones arbitrarias.

El Partido Popular ha bloqueado nuevamente la comparecencia de las víctimas de la DANA en el Parlamento Europeo, a pesar de las solicitudes de las asociaciones afectadas. Este miércoles, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, impidió que las víctimas tuvieran un papel destacado en la comisión de investigación, limitando su testimonio al mismo nivel que el de cualquier particular. Las críticas del PSOE han sido contundentes, calificando esta actitud como decepcionante y un intento de silenciar a quienes han perdido todo. A ocho meses de la tragedia que dejó 228 muertos en Valencia, las víctimas esperan ser escuchadas para dirimir responsabilidades políticas sobre la gestión del desastre.

El Tribunal Supremo ha iniciado diligencias contra Alvise Pérez, eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta', por la supuesta recepción de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain'. Alvise tiene cinco días para decidir si declara voluntariamente ante el tribunal antes de que se solicite un suplicatorio al Parlamento Europeo debido a su condición de aforado. La investigación aborda posibles delitos relacionados con financiación ilegal, estafa y blanqueo de capitales, en el contexto de su campaña electoral para las elecciones europeas de 2024.