pisos turisticos

Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, acusando al alcalde José Luis Almeida y a la Agencia de Actividades de permitir la proliferación de más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. La portavoz del grupo, Rita Maestre, sostiene que la inacción del Ayuntamiento no es mera pasividad, sino un consentimiento deliberado hacia la ilegalidad. Esta denuncia se basa en el artículo 320 del Código Penal, que penaliza a las autoridades que omiten inspecciones obligatorias. A pesar de las advertencias y datos proporcionados por el Ministerio de Consumo sobre los alojamientos ilegales, Almeida ha mostrado una falta de respuesta efectiva, lo que agrava la crisis habitacional en Madrid. Más Madrid exige una investigación exhaustiva y acciones inmediatas para proteger los derechos de los ciudadanos frente a intereses económicos desmedidos.

El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid la identificación y eliminación de más de 15.000 pisos turísticos ilegales, argumentando que su proliferación agrava la crisis de vivienda en la ciudad. Bustinduy ha enviado un archivo digital con información postal para facilitar la inspección y cierre de estos alojamientos, destacando que esta situación no es normal y que se deben tomar medidas inmediatas, similar a lo realizado en Barcelona e Ibiza. Además, ha señalado que los pisos turísticos ilegales contribuyen al aumento de precios y a la expulsión de residentes de sus barrios. La intervención en esta problemática es parte de un enfoque más amplio para abordar la crisis habitacional en diversas áreas del país.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha identificado más de 15,200 pisos turísticos ilegales en Madrid, contrastando con solo 1,131 licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Esta discrepancia ha llevado al ministerio a solicitar al alcalde José Luis Martínez-Almeida la eliminación de los anuncios de estas propiedades. Los datos incluyen direcciones específicas de alojamientos sin licencia, lo que permitirá al consistorio tomar medidas sancionadoras. El ministro Pablo Bustinduy destaca la necesidad urgente de actuar para proteger el derecho a la vivienda digna y frenar la proliferación de estos alquileres ilegales en la capital española.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió en Ibiza con el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, para discutir la creciente problemática de los pisos turísticos ilegales en las Islas Baleares. Durante el encuentro, se presentaron datos que indican que más de 7.000 viviendas turísticas están siendo anunciadas sin incluir su número de licencia, lo que representa aproximadamente el 30% del total de alojamientos en la región. Bustinduy destacó que esta situación no solo afecta el acceso a la vivienda para los residentes, sino que también constituye publicidad ilícita según la legislación vigente. Además, se abordaron investigaciones en curso sobre prácticas engañosas por parte de plataformas y agencias inmobiliarias relacionadas con el alquiler. El Consell de Ibiza ha implementado medidas para combatir el intrusismo y promover un turismo regulado.