PP

El PSOE y sus socios de gobierno expresan su indignación ante la condena del hermano del presidente Pedro Sánchez, calificándola de "cacería" política. Patxi López, portavoz socialista, asegura que se persigue a una persona por su relación familiar con el presidente, mientras que Gabriel Rufián de ERC critica la situación como "sobrada". Moncloa defiende que no había pruebas suficientes contra él. En contraste, el PP celebra la sentencia como un "día histórico", mientras que desde la ultraderecha se les acusa de corrupción. El Gobierno reafirma su apoyo al condenado y espera que se confirme su inocencia en instancias superiores.

La izquierda andaluza ha expresado su rechazo al "infame pacto" entre PP y Vox, que ha permitido la investidura de Juanma Moreno. María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, calificó la situación de "fraude" y criticó el "oscurantismo" del acuerdo, señalando que es inaceptable que los detalles no sean conocidos por los demás grupos antes de la votación. Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, describió a Moreno como un "capataz" bajo las órdenes del "señorito Feijóo", afirmando que este pacto marca el fin de su imagen moderada. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, consideró el acuerdo un "robo democrático", demandando transparencia y debate previo a la votación. La oposición planea movilizaciones para defender las conquistas sociales en Andalucía.

El Partido Popular ha recuperado la Alcaldía de Lugo tras 27 años de gobiernos socialistas, gracias a una moción de censura apoyada por la concejala tránsfuga María Reigosa. La portavoz del PP en Lugo, Elena Candia, se convierte en la nueva alcaldesa tras un pleno tenso donde se rechazaron las críticas del alcalde saliente, Miguel Fernández, y otros partidos como el BNG y el PSOE. La moción fue avalada por líderes del PPdeG y se llevó a cabo en medio de protestas fuera del Consistorio. Esta acción marca un cambio significativo en la política local después de décadas de dominio socialista.

El PSOE ha exigido "tolerancia cero frente a los ultras" tras el acoso sufrido por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por parte de Vito Quiles. Los socialistas han manifestado su indignación y solidaridad con Gómez, denunciando el acto como grave y no normalizable. Patxi López y Ana Redondo han instado a condenar el acoso y la violencia, señalando al PP y Vox como responsables de fomentar este tipo de actitudes. La única respuesta del PP fue un tuit burlón que fue eliminado rápidamente. El PSOE ha pedido al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie contra estas conductas inaceptables en democracia.

El Partido Popular (PP) ha alcanzado un acuerdo de gobierno en Aragón con Vox, tras más de dos meses de negociaciones posteriores a las elecciones. Este pacto se formaliza el mismo día en que María Guardiola fue investida presidenta de Extremadura con el apoyo de la ultraderecha. Vox obtendrá tres consejerías, incluyendo una vicepresidencia, y se implementará la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y servicios públicos. Esta medida ha generado controversia debido a su enfoque xenófobo, ya que podría discriminar tanto a inmigrantes como a ciudadanos españoles que no cumplan ciertos requisitos de empadronamiento. El acuerdo refleja la creciente influencia de Vox en las políticas regionales del PP.

Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio que "M.R." se refiere a Mariano Rajoy, desvelando que grabó al expresidente recibiendo dinero de la caja B del PP. A pesar de las acusaciones, Rajoy no está imputado en el caso Kitchen, ya que la Fiscalía nunca solicitó su imputación. Bárcenas ha señalado que la operación Kitchen fue promovida desde la cúpula del PP y ha revelado un intento de chantaje por parte de un abogado relacionado con el partido para modificar los papeles sobre la contabilidad B. Este testimonio marca un giro significativo en el caso y plantea interrogantes sobre posibles copias de los audios grabados.

El Gobierno español ha expresado su "indignación" ante el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por parte del juez Juan Carlos Peinado, quien la acusa de cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias y malversación. La decisión se ha tomado mientras Gómez se encuentra en un viaje oficial en China. Fuentes de Moncloa consideran que esta coincidencia no es casual y critican la "inquina" con la que se ha tratado a Gómez en este proceso, iniciado tras una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias. El PP ha calificado la situación como "absolutamente increíble", pidiendo la dimisión del ministro de Justicia por su defensa de Gómez y acusando al Gobierno de socavar el Estado de derecho.

Que nuestra democracia, que hasta hace poco pensábamos consolidada, está en peligro, es ya un hecho incuestionable.

Junts ha intensificado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez al registrar una enmienda en el Congreso que obligará a todos los grupos políticos a pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales. Esta iniciativa surge ante lo que Junts califica como "extrema debilidad política" del Ejecutivo, y busca forzar una votación sobre la disolución de las Cortes. La moción, que se debatirá el próximo 18 de junio, podría evidenciar la falta de apoyo parlamentario del Gobierno si no logra salir adelante. La propuesta está vinculada a una moción del PP que critica la gestión del Gobierno y los casos de corrupción asociados al PSOE.

La oposición en Les Corts Valencianes ha expresado su indignación tras la solicitud del PP y Vox de cerrar la investigación sobre la DANA antes de que comparezcan testigos clave, como la exconsellera Salomé Pradas y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Tanto el PSPV como Compromís han criticado esta decisión, argumentando que aún falta por ejecutar gran parte del plan de trabajo de la comisión. La diputada del PSPV, Alicia Andújar, ha defendido que lo correcto sería solicitar una prórroga para garantizar que se conozca toda la verdad sobre los hechos investigados.

El Gobierno se enfrenta a una posible derrota legislativa con la inminente caída de la prórroga del alquiler, debido a la oposición de Junts, el PP y Vox. La derogación de esta medida podría dejar desprotegidos a casi tres millones de inquilinos en España. Mientras el vicepresidente Carlos Cuerpo y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, intentan asegurar su aprobación, los partidos opositores critican al Ejecutivo por su gestión de la vivienda. Los abogados aconsejan a los inquilinos enviar un burofax a sus caseros antes del martes para estar respaldados legalmente en caso de que el decreto no sea convalidado.

El Congreso de España busca reformar su reglamento para introducir sanciones más severas tras el incidente protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha solicitado la colaboración de los grupos parlamentarios para endurecer las normas ante comportamientos que atentan contra los valores democráticos. Mientras que todos los partidos, excepto el PP y Vox, apoyan esta iniciativa, el PP se opone argumentando que hay reformas más prioritarias. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de aplicar sanciones más estrictas en casos similares en el futuro.

El juicio del caso Kitchen ha continuado con la declaración de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, quien admitió no haber escuchado las grabaciones relacionadas con Mariano Rajoy, aunque reconoció su existencia. En el proceso, Bárcenas reveló que había encargado a un compañero interno la tarea de destruir una grabación que tenía en la nube sobre el ex presidente del Gobierno. Este caso sigue generando gran interés mediático en España debido a sus implicaciones políticas y judiciales.

María Dolores de Cospedal ha quedado finalmente fuera del caso Kitchen, según la decisión del Tribunal que ha seguido la solicitud de la Fiscalía. A pesar de los audios con Villarejo, la exsecretaria general del PP no será investigada. El tribunal también rechazó la petición del PSOE para reabrir el caso y considerar al PP como partícipe a título lucrativo, argumentando que no hay delitos patrimoniales involucrados. La presidenta del tribunal destacó la importancia de avanzar en el juicio, que se ha demorado desde 2013, y subrayó que ya era hora de celebrarlo. Durante las próximas semanas, declararán numerosas personas implicadas en el caso.