El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una agencia inmobiliaria nacional por prácticas abusivas en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados. Este es el segundo expediente de este tipo en poco tiempo, tras denuncias del Sindicato de Inquilinas y asociaciones de consumidores. Las infracciones podrían conllevar multas significativas, y se enmarcan en una investigación más amplia sobre el sector inmobiliario. La iniciativa busca proteger el derecho a la vivienda, considerado un bien de primera necesidad. Para más información, visita el enlace.
