Prisión permanente revisable

El TS considera que cabe imponer la pena máxima de prisión a un “asesino en serie” por su tercer crimen si en el mismo juicio ha sido condenado previamente por dos asesinatos. Confirma una pena de 137 años por la muerte de otras dos mujeres y el intento de otras seis en encuentros sexuales con consumo de cocaína.

La Audiencia impone prisión permanente revisable a la madre que mató a puñaladas a su hijo recién nacido en Gijón. Es la primera condena de este tipo que se aplica en el Principado de Asturias.

La aplicación del atenuante de confesión hecha por el Tribunal Supremo en el caso de Raúl A.R., condenado por el asesinato de su pareja y la hija de ésta en julio de 2014, respaldaría la no aplicación de la prisión permanente revisable por revelar el paradero del cadáver.

El Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados presentó en la tarde de este martes una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que pretende derogar la prisión permanente revisable a iniciativa del PNV.

El TSJ de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena de prisión permanente revisable que la Audiencia de Albacete le impuso a un hombre por asesinar una vendedora de la ONCE y esconder el cadáver en su casa. La Sala de lo Civil y Penal ratifica, además, la pena de un año de prisión por un delito de hurto y la indemnización de 190.000 euros a los familiares de la víctima.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable impuesta a un hombre que asesinó a la hija de su mujer, que tenía dos años de edad, en su domicilio de Alzira (Valencia), después de que esta le anunciara que iba a divorciarse de él.

Los partidos políticos mantuvieron este jueves en el Congreso de los Diputados sus posiciones sobre la prisión permanente revisable y la derogación de esta pena seguirá su tramitación tras ser derrotadas las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos.

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado apoyar y defender la figura de la prisión permanente revisable, incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, así como instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre su derogación.