protocolos de la verguenza

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la primera ola del COVID-19 eran discriminatorios y excluían a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién recibía atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en que casi el 80% de los ancianos en residencias murieran sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus superiores sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. Esta declaración resalta la lucha por justicia de las familias afectadas y cuestiona las decisiones políticas tomadas durante la crisis sanitaria.

Las declaraciones de tres altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados en los 'protocolos de la vergüenza' que llevaron a la muerte de 7.291 ancianos en residencias durante la pandemia, han sido suspendidas por un fallo administrativo. Los familiares de las víctimas, que llevaban años esperando respuestas sobre la negativa a trasladar a los enfermos a hospitales, denuncian esta situación como una "maniobra dilatoria". La jueza Inés Durántez decidió aplazar las comparecencias debido a que no todos los imputados habían sido notificados correctamente. Esta causa se reabrió tras una denuncia colectiva por presunta discriminación en el acceso al servicio sanitario. Los afectados continúan exigiendo justicia y claridad sobre las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria.

Izquierda Unida (IU) ha expresado su preocupación por la falta de responsables que comparezcan ante la justicia tras el primer desfile de imputados relacionados con los 'protocolos de la vergüenza' en residencias madrileñas durante la pandemia. La portavoz federal, Eva García Sempere, mostró su solidaridad con las familias afectadas y destacó la importancia de que el Partido Popular asuma responsabilidades políticas. Las imputaciones llegan tras años de lucha por justicia y se refieren a altos cargos del gobierno madrileño implicados en decisiones que resultaron en miles de muertes evitables. IU insiste en que es fundamental actuar contra la impunidad y exigir consecuencias políticas por esta tragedia. Para más detalles, visita el enlace.