Este miércoles se han revelado mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en los que el presidente del Gobierno expresa su sorpresa por el apoyo de Ábalos a Alejandro Soler en las primarias del PSPV. A pesar de la cercanía que ambos habían compartido, Sánchez califica el respaldo de Ábalos como un "error" y asegura que lo considera un amigo. Estos intercambios reflejan tensiones internas dentro del PSOE, especialmente en un momento crítico para la elección de liderazgo en la comunidad valenciana, donde Diana Morant buscaba consolidar su posición. La relación entre Sánchez y Ábalos ha sido compleja, marcada por el apoyo mutuo en el pasado, pero ahora expuesta a diferencias significativas en sus estrategias políticas.
El PSOE, a través de su secretaria general Diana Morant, ha solicitado la dimisión de Alberto Núñez Feijóo por mentir a las víctimas de la Dana durante 14 meses y por proteger al presidente del PPCV, Carlos Mazón. Morant acusa al PP de negligencia y desinformación, señalando que los mensajes revelan que Mazón tuvo conocimiento de las víctimas antes de lo declarado. Además, cuestiona el cambio reciente de móvil de Feijóo en medio de una investigación judicial, sugiriendo que podría estar obstaculizando el proceso. La gestión del PP en esta crisis es comparada con la del gobierno de Aznar tras los atentados del 11M.
El PSOE ha denunciado en el Senado que el PP ha bloqueado la comparecencia de responsables de la Generalitat Valenciana sobre la gestión del desastre de la DANA en Valencia durante todo 2025. La comisión de investigación, constituida en enero, ha permitido solo 20 comparecencias, excluyendo a altos cargos del gobierno valenciano. La senadora Rocío Briones criticó al PP por convertir la comisión en una "farsa" y por no permitir que los responsables asuman sus responsabilidades ante las víctimas. Además, el PSOE ha solicitado la comparecencia de representantes de Vox debido a la desviación de donaciones destinadas a las víctimas.
En otra ocasión titulé mi reflexión de la misma manera. Fue el 26 de septiembre de 2016, nueve años atrás.
La Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE que presente todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, sin limitarse a aquellos vinculados a José Luis Ábalos y Koldo García. El juez Ismael Moreno argumenta que esta información es crucial para investigar posibles irregularidades, incluyendo el blanqueo de dinero. A pesar de las preocupaciones del partido sobre las implicaciones legales y de protección de datos, la Fiscalía respalda la solicitud del juez, señalando que no se puede restringir la información solo a los investigados. La documentación requerida busca esclarecer el origen de los fondos en efectivo utilizados por el PSOE.
El Ayuntamiento de Albacete ha declarado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' y ha solicitado su dimisión. La moción fue presentada por el diputado no adscrito José Ramón Conesa y recibió el apoyo del PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra. Conesa justificó la decisión acusando a Sánchez de pactar con "los asesinos" de ETA y criticando su gestión durante la pandemia. Los concejales del PSOE y Unidas Podemos denunciaron que esta acción ataca la institucionalidad democrática, mientras que Vox defendió su apoyo a la moción como un intento de buscar el bien de España.
El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que impida al PSOE actuar como acusación popular en el caso Koldo, argumentando que es contradictorio que un partido investigado pueda ejercer esta función. Esta petición surge tras la apertura de una pieza separada para investigar pagos en metálico del PSOE al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El PP sostiene que la participación del PSOE como acusación podría afectar la imparcialidad del proceso penal, dado que está bajo investigación por posibles irregularidades en esos pagos. Las indagaciones revelaron que algunos de estos pagos no estaban debidamente justificados.
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He decidido poner el título entre interrogantes para dar una oportunidad a la esperanza, aunque en el momento de escribirlo no observo demasiadas posibilidades para ello.
Enrique Santiago, diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha denunciado la grave crisis de vivienda en Andalucía, donde los precios han aumentado más del 20%. Desde Córdoba, exigió al PSOE una respuesta proactiva para frenar la especulación y proteger a las familias vulnerables. Santiago también mostró su apoyo a las movilizaciones agrarias contra recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo UE-Mercosur, advirtiendo que estos compromisos amenazan la supervivencia del campo andaluz. Resaltó que cerca de 400.000 viviendas están en manos de grandes tenedores en Andalucía, lo que agrava la situación del mercado inmobiliario y expulsa a los residentes de sus barrios.
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario Enrique Santiago, ha exigido al PSOE que adopte una postura más proactiva y medidas contundentes frente a los casos de corrupción y acoso dentro del partido. Santiago instó a los líderes socialistas a realizar investigaciones internas para identificar problemas ocultos y criticó la falta de acción anticipada ante las recientes detenciones relacionadas con la corrupción. Además, enfatizó que IU actúa rápidamente ante cualquier indicio de comportamiento no ético, sugiriendo que si se confirman irregularidades en el PSOE, esto podría llevar a replantear las relaciones entre ambos partidos. A pesar de las tensiones, Santiago aseguró que su grupo trabajará por la estabilidad del Gobierno español.
El PSOE ha denunciado un ataque por parte del PP y Vox a la universidad pública en España, advirtiendo que buscan convertirla en un negocio en lugar de un derecho. La portavoz del PSOE de Universidades, Eva Redondo, enfatizó la importancia de defender la educación pública y propuso una moción para garantizar su financiación, que fue rechazada por la mayoría del PP. Los socialistas critican las políticas de privatización y desmantelamiento que amenazan a las universidades públicas, señalando casos específicos en comunidades como Madrid. Además, se destaca que la educación superior debe ser un derecho accesible para todos y no un privilegio. La situación actual es preocupante, especialmente en regiones donde se han reducido las inversiones en educación pública.
El Partido Popular (PP) ha rechazado en el Senado una moción del PSOE que buscaba impulsar las lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. La votación resultó en 20 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones. La viceportavoz socialista, Carmela Silva, criticó al PP por su falta de comprensión sobre la diversidad del país y defendió que las lenguas cooficiales son un patrimonio cultural que debe ser protegido. Silva argumentó que defender los derechos lingüísticos es esencial para la identidad y memoria colectiva. También se destacó que el PP y Vox han obstaculizado el uso de estas lenguas en el Senado, promoviendo una visión homogénea de España que no refleja su pluralidad. El senador catalán Antoni Poveda añadió que cada lengua representa una riqueza y pidió un mayor reconocimiento para el catalán, gallego y euskera en el ámbito político.
El Partido Popular (PP) ha votado en contra de una moción socialista en el Senado que proponía la abolición de la prostitución y la prohibición del uso del cuerpo de las mujeres como objeto de consumo. La votación resultó en 88 votos a favor, 144 en contra y 27 abstenciones. La portavoz socialista, Carmela Silva, defendió la postura del PSOE, argumentando que la prostitución es parte del sistema patriarcal que cosifica a las mujeres. Otros senadores socialistas enfatizaron la necesidad de actuar radicalmente contra las desigualdades y criticaron al PP por mercadear con los derechos de las mujeres. La discusión se centró en la importancia de prevenir la explotación sexual y construir una sociedad igualitaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Senado para defender la financiación del PSOE, calificándola de "absolutamente limpia". Durante su intervención, señala que la comisión no es un proceso de investigación, sino una "comisión de la difamación". Esta declaración se produce en un contexto de interrogatorios relacionados con el caso Koldo.
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