Regulación

El Ministerio de Consumo está promoviendo una nueva regulación para prohibir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como se ha denunciado tras el accidente de tren en Adamuz. Esta medida forma parte del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible y busca evitar que las empresas utilicen precios dinámicos para aumentar tarifas en circunstancias críticas. La regulación obligará a las compañías a informar con antelación sobre los precios, garantizando así la protección de los consumidores. Además, se recuerda a los pasajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario sus derechos, incluyendo el acceso a transporte alternativo y reembolsos por gastos incurridos.

UNICEF advierte que las restricciones de edad en redes sociales no son suficientes para proteger a los niños de riesgos como el acoso y la explotación en línea. Aunque reconoce el esfuerzo por mejorar la seguridad digital, enfatiza que estas regulaciones no deben reemplazar la necesidad de que las plataformas mejoren su diseño y moderación de contenido. La agencia destaca que muchos niños seguirán accediendo a redes sociales a través de métodos alternativos, lo que podría ponerlos en mayor peligro. UNICEF insta a gobiernos y empresas a colaborar con familias para crear entornos digitales seguros y responsables, subrayando la importancia de una alfabetización digital adecuada para padres y cuidadores.

Izquierda Unida ha solicitado al Ministerio de Transportes que aborde la problemática de la adjudicación de aparcamientos VIP en aeropuertos como Madrid, Barcelona y Málaga a empresas de VTC, lo que afecta negativamente al taxi tradicional. Los diputados Félix Alonso y Toni Valero han registrado una iniciativa en el Congreso para exigir soluciones ante el conflicto creciente entre los sectores de transporte. Denuncian que estas decisiones favorecen a las plataformas VTC, creando un desequilibrio con los taxistas convencionales. Además, piden aclaraciones sobre la regulación del sector y si se planea legislar sobre esta situación.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en su plataforma, tras recibir respaldo judicial para esta acción. La Justicia ha instado a la empresa a retirar inicialmente 5.800 anuncios que no cumplen con la normativa vigente sobre publicidad de alojamientos turísticos. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de número de licencia, la omisión de la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso de licencias incorrectas. Esta medida busca combatir la ilegalidad en el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores.

El Gobierno de España ha implementado un nuevo modelo solidario, objetivo y ágil para la acogida de menores migrantes no acompañados. Esta regulación busca organizar de manera transparente la respuesta de las comunidades y ciudades autónomas ante situaciones migratorias extraordinarias, asegurando una atención digna en todo el país. Para más información, visita el enlace a la referencia del Consejo de Ministros.

La Comisión Europea ha lanzado un proyecto de dictamen científico sobre el perclorato en los alimentos, actualizando la ingesta diaria tolerable a entre 0,3 y 1,4 microgramos por kilogramo de peso corporal. Este contaminante, que puede afectar la función tiroidea al inhibir la captación de yodo, se encuentra en productos agrícolas debido a prácticas industriales y agrícolas. La consulta pública durará ocho semanas, finalizando el 11 de febrero de 2025. Desde 2015, se han establecido regulaciones para controlar los niveles de perclorato en alimentos y agua, con límites específicos para frutas, verduras y alimentos infantiles.

El Gobierno de España ha iniciado una consulta pública para actualizar la normativa del Foro de Gobierno Abierto, que estará abierta desde el 16 de enero hasta el 30 de enero de 2026. Esta iniciativa busca recoger opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la mejora del marco regulatorio, los objetivos de la nueva norma y alternativas posibles. El Foro, establecido en 2018, actúa como un espacio de diálogo entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil, promoviendo la participación y la transparencia. La consulta es parte del proceso para desarrollar el V Plan de Gobierno Abierto (2025-2029) y fortalecer la inclusión y eficacia del Foro.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha destacado la importancia de regular la publicidad de alimentos insanos durante la presentación de la campaña "Alimentemos otro mañana". En el evento, que también contó con la participación de Pau Gasol, se abordó la necesidad de proteger a niños y adolescentes de anuncios perjudiciales para su salud. Bustinduy subrayó que los comedores escolares deben ofrecer comidas saludables y combatir las desigualdades alimentarias. Además, mencionó datos preocupantes sobre el exceso de peso en niños de familias con bajos ingresos, instando a limitar la publicidad dirigida a menores y priorizar su bienestar por encima de intereses económicos.

La CNMC ha revisado los precios que Telefónica cobra a otros operadores por el uso de su red de infraestructuras, incrementando las cuotas mensuales en un 11% y las cuotas no recurrentes en un 14,6%. Esta actualización afecta a los precios mayoristas para el acceso a conductos, arquetas y postes, facilitando el despliegue de redes de fibra óptica por parte de unos 370 operadores. La revisión se basa en un modelo de costes actualizado y ha sido aprobada tras un proceso de consulta pública. La CNMC busca mejorar la previsibilidad en futuras revisiones de precios y se compromete a establecer una planificación más clara.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha llevado a cabo una jornada para presentar la Ventanilla Única Digital de Alquileres de Corta Duración, en el marco del Real Decreto 1312/2024. Este avance busca regular el registro único de arrendamientos y facilitar la recopilación de datos sobre alquileres temporales. Durante el evento, se destacó el apoyo de la Comisión Europea y la importancia de un diálogo continuo entre administraciones y sectores involucrados. La nueva herramienta digital permitirá obtener códigos de comercialización y mejorar la regulación del mercado, promoviendo un alquiler responsable y accesible. Las plataformas tendrán que verificar registros y reportar irregularidades, garantizando así la transparencia en el sector.