Sentencia

El exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, ha sido condenado a casi 17 años de prisión tras dejar tetrapléjica a su esposa al lanzarla por el balcón en mayo de 2020. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia por delitos de maltrato familiar y lesiones agravadas, considerando los agravantes de parentesco y discriminación de género. Durante una discusión, Muñoz agredió a su mujer y la arrojó al vacío, causándole graves lesiones que resultaron en su discapacidad permanente. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar a la víctima con 1,5 millones de euros. La sentencia destaca el comportamiento violento e intimidante habitual del exconcejal hacia su pareja.

El Tribunal Constitucional ha fallado a favor del activismo LGTBI, permitiendo que las asociaciones puedan personarse en defensa de los derechos del colectivo. COGAM, el Colectivo LGTBI+ de Madrid, celebra esta decisión que anula la limitación impuesta por la reforma de la Ley LGTBI de la Comunidad. Este fallo refuerza la lucha por los derechos de las personas LGTBI y destaca la importancia del papel de las organizaciones en la defensa de estos derechos. Para más información, visita el enlace.

Greenpeace ha alertado que el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, no está cumpliendo con una sentencia que obliga a declarar como no urbanizables los terrenos donde se ubica el hotel de El Algarrobico. A pesar de que el consistorio ha enviado documentos técnicos para corregir un error tipográfico en su plan urbanístico, esto no implica una modificación efectiva del mismo. La organización ecologista ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que imponga multas al alcalde hasta que se cumpla la sentencia que clasifica los terrenos como no urbanizables. Greenpeace también insta a la Junta de Andalucía a considerar la expropiación forzosa para acelerar el proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de once años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su pareja en Huelva, tras amenazarla con difundir un vídeo íntimo. La sentencia incluye una indemnización de 30.000 euros a la víctima por daño moral. El acusado, que se encuentra en prisión, intentó apelar la decisión, pero el TSJA desestimó su recurso, argumentando que las pruebas eran válidas y suficientes para sostener la condena. Además, se le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años. Esta resolución refuerza el compromiso del sistema judicial español en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.

Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión en Valencia por agredir sexualmente a su hijo menor durante unas vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, tras comprobar que el padre realizó tocamientos inapropiados y se masturbó frente al niño. Además, se le inhabilita para ejercer la patria potestad durante seis años y deberá indemnizar al menor con 5.000 euros por daños morales. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de tres años de prisión a una mujer que agredió a otra con un vaso de cristal en una discoteca. La Audiencia de Salamanca determinó que la acusada cometió un delito de lesiones, resultando en heridas graves para la víctima, quien sufrió cicatrices permanentes. Además, se le impuso una indemnización de 9.364,72 euros y una orden de alejamiento. La sentencia destaca la credibilidad del testimonio de la víctima y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El 12 de junio de 2025, un tribunal en Zagreb condenó a la exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La sentencia se deriva de una investigación del Oficina del Fiscal Europeo (EPPO), que reveló irregularidades en un proceso de contratación pública en 2017, donde la ministra favoreció a un empresario al inflar el valor estimado del contrato. Se estima que el daño al presupuesto de la UE supera el millón de euros. La exministra se declaró culpable y pagó 200,000 euros como compensación parcial. Los procedimientos contra otros acusados continúan.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja debido a las "profundas contradicciones" en el testimonio de la mujer y la falta de corroboración. La denuncia se refería a un incidente ocurrido en 2020, pero el tribunal determinó que la declaración de la víctima no era suficientemente consistente ni persistente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para más detalles, visita el enlace.

El Tribunal del Condado de Zagreb ha condenado a dos individuos, incluyendo un funcionario público, y a una empresa constructora por abuso de poder en relación con la construcción de una planta de clasificación de residuos en Croacia. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo, reveló manipulación en el proceso de licitación que favoreció a la empresa seleccionada, resultando en un sobreprecio de más de 319,000 euros. La empresa deberá pagar una multa de 400,000 euros y devolver el monto inflado. Los condenados incluyen un diseñador de documentación del proyecto y un funcionario municipal, quienes aceptaron los cargos mediante acuerdos de culpabilidad. Las investigaciones continúan para otros implicados.

Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La Audiencia de Navarra dictó la sentencia tras comprobar un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar con más de 30.000 euros a su familia por los daños causados. A pesar de tener órdenes de alejamiento, convivió con ellos hasta marzo de 2023, cuando se produjo una agresión grave en presencia de sus hijos. La sentencia incluye múltiples delitos relacionados con el maltrato y quebrantamiento de condena.

Un recluso ha sido condenado a tres años de prisión por introducir drogas en la cárcel de Cuenca tras regresar de un permiso penitenciario. La Audiencia Provincial lo halló culpable de un delito contra la salud pública al ingresar 0,75 kg de cocaína, valorada en 60 euros por gramo, ocultos en un preservativo. Además de la pena de prisión, se le impone una multa de 120 euros y el pago de las costas procesales. La sentencia es firme y no admite recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó varias veces contra la víctima desde su vehículo, lo que resultó en su muerte. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima. Esta decisión no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.