Transparencia

El Gobierno de España ha lanzado el Visor web InfoDANA Recuperación, una herramienta interactiva que permite a la ciudadanía seguir los avances en la reconstrucción de las áreas afectadas por la DANA. Presentada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, esta plataforma proporciona información detallada sobre los fondos transferidos y las inversiones realizadas en diferentes municipios. Con un total aproximado de 8.000 millones de euros en ayudas, el visor ofrece un mapa geolocalizado donde se pueden consultar datos sobre infraestructuras, atención a afectados y apoyo a empresas. Además, incluye imágenes satelitales que muestran el impacto del fenómeno y las mejoras tras la reconstrucción. La herramienta está disponible para su uso en dispositivos móviles y actualiza periódicamente la información presentada.

La Fundación Disenso, dirigida por Santiago Abascal, ha generado controversia en Vox por destinar más de un millón de euros a "gastos de personal" en 2023, superando a fundaciones de otros partidos. Ex miembros del partido exigen transparencia debido a posibles implicaciones éticas y prácticas relacionadas con la corrupción.

La tabacalera Philip Morris realizó pagos cercanos a dos millones de euros al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. A pesar de estas transacciones, no se obtuvo ningún beneficio fiscal para el sector del tabaco. La compañía ha afirmado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento legal, limitando su colaboración a servicios de asesoramiento estratégico. Este caso está vinculado al sumario del caso Montoro, que también involucra a figuras del Partido Popular, como Ricardo Romero de Tejada. El nuevo borrador de impuestos sobre el tabaco busca aumentar la carga fiscal sin ofrecer reducciones en los impuestos existentes.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "transparencia, celeridad y contundencia" para convertir la indignación ciudadana en leyes efectivas contra la corrupción. Durante un evento del 13º Congreso Confederal de CCOO, Maíllo destacó la necesidad de implementar reformas legislativas que no solo enfrenten a los corruptos, sino que también castiguen a los corruptores y aseguren la devolución del dinero malversado. Subrayó que el futuro de la legislatura depende de las acciones del Gobierno y llamó a acelerar las reformas para recuperar la confianza de la ciudadanía. Para más detalles, visita el enlace.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha presentado un documento con 35 medidas radicales y contundentes para combatir la corrupción en España. En una conferencia de prensa, destacó la necesidad de pasar de los lamentos a la acción política y propuso un endurecimiento en la persecución de delitos relacionados con la corrupción, incluyendo sanciones para corruptos y corruptores. Las medidas incluyen la creación de una Ley Integral Anticorrupción, reformas al Código Penal y la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción. Maíllo enfatizó que es crucial actuar legislativamente para restaurar la ética pública y responder a la indignación ciudadana. Para más detalles sobre estas propuestas, visita el enlace.

María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, ha defendido la actuación del partido ante los "indicios" de corrupción relacionados con Santos Cerdán, afirmando que el PSOE actúa con "claridad, transparencia y contundencia". Montero criticó al PP por permitir que miembros imputados mantengan responsabilidades públicas. En declaraciones en Écija, expresó su indignación y dolor por la situación, asegurando que el PSOE no tolerará comportamientos corruptos. Además, instó al presidente de la Junta de Andalucía a dar explicaciones sobre casos de corrupción en su entorno. La ministra reafirmó el compromiso del PSOE con la ética y la responsabilidad pública.

El Gobierno Vasco y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han acordado colaborar para aumentar la transparencia en los datos relacionados con la vivienda y fomentar la construcción de vivienda protegida en Euskadi. Esta reunión marca un hito como la primera entre el Gobierno central y una comunidad autónoma en el contexto del Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, tras la reciente Conferencia de Presidentes en Barcelona. La iniciativa busca mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en la región.

España se ha adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa global que promueve la apertura de datos públicos para mejorar la transparencia y la participación ciudadana. El anuncio fue realizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en Vitoria. Esta carta, respaldada por más de 250 gobiernos y organizaciones, busca facilitar el acceso libre a datos, fomentar soluciones innovadoras y fortalecer políticas centradas en el impacto social. Además, España ha aprobado su quinto Plan de Gobierno Abierto, reforzando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones públicas.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Este nuevo marco legal, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, busca garantizar la clasificación adecuada de información sensible relacionada con la defensa y seguridad, al tiempo que promueve el derecho a la transparencia. La ley establece un sistema de desclasificación automática con plazos específicos para diferentes categorías de información y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con estas medidas, España se alinea con las normativas más avanzadas en Europa y mejora el acceso ciudadano a documentos oficiales.

Europa ha exigido a España avanzar en la lucha contra la corrupción, destacando que seis medidas clave aún no se han implementado. A pesar de los esfuerzos del Gobierno y sus socios políticos, como ERC y PNV, las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) siguen sin cumplirse. Entre las medidas pendientes se encuentran el control de asesores políticos, la publicación de agendas de funcionarios, la regulación de las puertas giratorias, reformas en la Guardia Civil y Policía, y cambios en los aforamientos que obstaculizan investigaciones judiciales. La comunidad internacional demanda acciones concretas para garantizar un sistema político más transparente y responsable.

El ministro Bolaños ha presidido una nueva reunión de la Comisión Interministerial del Plan de Acción por la Democracia en Madrid, destacando la importancia de fortalecer las instituciones y la transparencia. Desde su aprobación, el plan ha alcanzado un 48% de desarrollo, con 15 de sus 31 medidas en tramitación avanzada. Se han implementado avances significativos en integridad institucional y lucha contra la corrupción, incluyendo la creación de nuevas unidades en el Ministerio Fiscal. Además, se han destinado 100 millones de euros para digitalizar los medios de comunicación y se tramitan reformas legislativas clave para mejorar la transparencia electoral. La reunión contó con la participación de varios ministros del Gobierno español.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, ha anunciado nuevas medidas para combatir la corrupción en el partido, destacando que "el PSOE es una organización limpia". Durante su comparecencia en Ferraz, Sánchez expuso acciones como la expulsión de José Luis Ábalos y la realización de una auditoría externa. También se formará un equipo interino liderado por Cristina Narbona hasta el próximo Comité Federal. Además, se creará una comisión de investigación sobre el caso Koldo y se llevarán a cabo contactos con otros grupos parlamentarios. Sánchez reafirmó su compromiso con la estabilidad del país y pidió disculpas a las mujeres por el contenido machista de ciertas escuchas. Para más detalles, visita el enlace.

Toni Valero, diputado de Izquierda Unida, ha registrado en el Congreso una propuesta para crear un "registro público de alquiler" con el objetivo de aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario español. Esta iniciativa busca recopilar información actualizada sobre los contratos de arrendamiento y monitorizar la evolución de la oferta de alquiler, abordando así la crisis habitacional que afecta a muchas ciudades. Valero denuncia la falta de datos precisos que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas y critica la inacción del Partido Popular en materia de vivienda. La propuesta incluye medidas para identificar viviendas vacías y coordinar esfuerzos entre diferentes registros para mejorar la situación del alquiler en España.