El Tribunal Supremo ha decidido archivar la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para imputar al ministro Félix Bolaños en el caso de Begoña Gómez, argumentando la "absoluta ausencia de cualquier delito". La Sala Penal del Supremo concluyó que no había indicios suficientes para abrir una causa penal contra Bolaños por malversación y falso testimonio. Según el auto emitido, las acusaciones carecían de respaldo probatorio y se basaban en meras hipótesis. El tribunal enfatizó que no existían pruebas objetivas que respaldaran las imputaciones, lo que llevó a desestimar la causa.
Santos Cerdán ha sido ingresado en prisión provisional sin fianza por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien considera que existe un "riesgo real" de destrucción de pruebas en su caso. A diferencia de otros implicados como José Luis Ábalos y Koldo García, quienes fueron liberados con medidas cautelares, Cerdán enfrenta serias acusaciones de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El magistrado destaca que hay "notabilísimos indicios" de su participación en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación ilícita de obras públicas, donde se estima que podrían haberse recibido más de 5 millones de euros en comisiones. La decisión del juez se basa en la falta de tiempo para investigar a Cerdán adecuadamente y la posibilidad de que pueda ocultar o destruir evidencia clave para la investigación.
El abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que envió un correo a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales a petición de su cliente, quien buscaba una solución que causara "menos ruido". Durante su testimonio en el Tribunal Supremo, el letrado explicó que presentó esta confesión para agilizar el proceso legal y evitar un juicio. La filtración del correo está relacionada con la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Neira también admitió no haber reenviado el correo original al fiscal y se acogió al secreto profesional respecto a contactos posteriores con la Fiscalía.
La filtración de los whatsapps privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ha generado un gran revuelo en España. Cuatro posibles escenarios se contemplan desde Moncloa sobre el origen de esta información: el Tribunal Supremo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Koldo García, exasesor de Ábalos, y el propio exministro. Mientras algunos apuntan a la UCO como responsable, otros sugieren que Koldo podría haber tenido acceso a los mensajes durante años. Ábalos, por su parte, no confirma ni desmiente su implicación en la filtración. La situación sigue siendo incierta y se anticipa que más conversaciones entre figuras del PSOE saldrán a la luz en las próximas horas. Para más detalles, visita el enlace original.
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont en relación con el delito de malversación de caudales públicos. Esta resolución desestima los recursos presentados por diversas partes, incluyendo al Ministerio Fiscal y el partido VOX. El tribunal argumenta que la interpretación de "beneficio personal de carácter patrimonial" incluye tanto el aumento de activos como la no disminución del pasivo, dado que los investigados se beneficiaron al cargar gastos a la administración autonómica sin interés público. La decisión se fundamenta en una interpretación precisa y legalista de la normativa, rechazando cualquier alegato en contrario. Para más información, visita el enlace.
El Tribunal Supremo ha condenado a David B.G. a 16 años de prisión por homicidio con agravante de abuso de superioridad, tras la muerte de Isaac L.T. en Madrid el 14 de julio de 2021. La sentencia reduce la pena impuesta anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había sido de 20 años, al no encontrar pruebas suficientes que vincularan el homicidio con la pertenencia del acusado a la organización criminal Dominican Don’t Play. El tribunal confirma que el ataque fue brutal y desproporcionado, lo que limitó las posibilidades de defensa de la víctima. Además, se establece una indemnización para la familia del fallecido y se desestima la atenuante de reparación del daño solicitada por el condenado.
El Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, prohibiéndole salir del país y obligándolo a comparecer quincenalmente. Estas decisiones fueron tomadas por el magistrado Leopoldo Puente en el marco de una investigación sobre la supuesta contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. A pesar de la oposición de la defensa, que argumentó la falta de indicios de criminalidad, el instructor considera que existen elementos suficientes para justificar estas restricciones. La situación se enmarca en un contexto judicial donde se le atribuyen posibles delitos como tráfico de influencias y cohecho.
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Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y figura de la extrema derecha, ha admitido haber recibido 100.000 euros en efectivo por una charla de media hora, durante su declaración ante el Tribunal Supremo. Aseguró que este pago fue para gastos personales y no para la campaña de su partido 'Se Acabó La Fiesta', aunque reconoció haber utilizado parte del dinero para sufragar viajes relacionados con la campaña. El pago se realizó en un maletín negro y fue entregado por dos trabajadores de CrytoSpain. Esta declaración se produce en el contexto de una investigación por presunta financiación ilegal, estafa y blanqueo de capitales.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido su posición tras la petición del juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para que lo investigue por el caso relacionado con Cristina Álvarez. Bolaños afirma que la exposición razonada para imputarle "no se sostiene" y contiene "errores de bulto". Durante su comparecencia, reiteró su confianza en el sistema judicial y aseguró que no tiene nada que temer, destacando que nunca afirmó que Raúl Díaz nombrara a Álvarez como asistente de Begoña Gómez. También desmintió que la actividad de Álvarez dependiera de su departamento.
El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha declarado ante el Tribunal Supremo en relación a la filtración de un correo en el que su abogado reconocía delitos fiscales. González Amador sostiene que su abogado actuó sin su consentimiento y se queja del daño a su reputación al ser llamado "defraudador confeso". Durante su testimonio, reafirmó que no ha cometido ninguna ilegalidad y que había informado a la Agencia Tributaria sobre su inocencia. La investigación, liderada por el juez Ángel Hurtado, está en su fase final y también incluirá la declaración del abogado de González Amador.
Izquierda Unida ha expresado su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo de no investigar las denuncias por delitos fiscales contra Juan Carlos de Borbón. La formación política considera que esta resolución refleja un "pacto de impunidad" en las estructuras del Estado. La querella, presentada por ex magistrados y fiscales anticorrupción, fue desestimada nuevamente, al igual que una acción judicial anterior de Izquierda Unida. El magistrado Manuel Marchena, quien ha estado en el centro de controversias, es el encargado de este auto de inadmisión. Mientras tanto, el rey emérito continúa su vida en el extranjero, ajeno a la legislación fiscal española. Para más información, visita el enlace.
La Audiencia de Navarra ha reducido la pena de prisión de 15 a 14 años para dos de los condenados por la violación grupal ocurrida durante los Sanfermines de 2016, en cumplimiento de la Ley Orgánica 10/2022. Esta decisión se basa en la doctrina del Tribunal Supremo que establece una rebaja en las penas mínimas. A pesar de la oposición de la víctima y las acciones populares, el tribunal ha considerado "jurídicamente obligado" seguir el criterio establecido por el TSJN y el Supremo. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes, por unanimidad, la legalidad del registro llevado a cabo el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como en el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de prisión y una multa de 1.080 euros a dos hombres por un delito contra la dignidad de las personas, tras insultar a otra persona en un bar de Madrid con expresiones homofóbicas como "maricón" y "maricón de mierda". Además, los condenados recibirán una inhabilitación especial de tres años y medio para ejercer profesiones educativas y deberán pagar 500 euros a la víctima. La sentencia destaca que estas ofensas constituyen un menoscabo a la integridad moral por motivos de orientación sexual, rechazando el argumento de libertad de expresión en este contexto.
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