08/07/2026@20:31:50
Un informe del Ministerio de Derechos Sociales revela que la renta de los multiarrendadores es cuatro veces superior a la de los inquilinos y su patrimonio, 450 veces mayor. Los hogares inquilinos tienen una renta mediana anual de 21.335 €, mientras que los arrendadores y multiarrendadores alcanzan 50.959 € y 80.375 €, respectivamente. La riqueza patrimonial de los inquilinos es significativamente inferior, con un promedio de 2.217 €, en comparación con 996.826 € para los multiarrendadores. El estudio destaca que las desigualdades económicas en el acceso a la vivienda son más determinantes que la edad o el nivel de ingresos, exacerbadas por el aumento de precios en el mercado del alquiler.
El Gobierno de España ha lanzado nuevas iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias. Estas medidas, enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, buscan garantizar recursos habitacionales adecuados y eliminar barreras burocráticas que dificulten el acceso a viviendas. Se establecen cinco ejes de actuación: garantía habitacional inmediata, prioridad en el acceso a vivienda pública, flexibilización administrativa, atención a situaciones vulnerables y generación de conocimiento sobre el impacto de la violencia en la vivienda. Además, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluye ayudas específicas para estos colectivos, asegurando hasta un 100% del coste del alquiler y priorizando su acceso a programas de ayuda y viviendas protegidas.
Carlos Mazón, expresident de la Generalitat, protagonizó un momento de burla en Les Corts Valencianes al responder a las críticas de la diputada de Compromís, María José Calabuig. Esta le acusó de "pegarse la vidorra del siglo" mientras es responsable de una normativa que ha facilitado el escándalo de las VPP en el sector de la vivienda. Ante las recriminaciones, Mazón se rió y le dedicó un saludo burlón. Además, evitó comentar sobre la causa judicial relacionada con la gestión de la DANA de octubre de 2024, alegando respeto por el proceso judicial.
El Gobierno se enfrenta a una posible derrota legislativa con la inminente caída de la prórroga del alquiler, debido a la oposición de Junts, el PP y Vox. La derogación de esta medida podría dejar desprotegidos a casi tres millones de inquilinos en España. Mientras el vicepresidente Carlos Cuerpo y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, intentan asegurar su aprobación, los partidos opositores critican al Ejecutivo por su gestión de la vivienda. Los abogados aconsejan a los inquilinos enviar un burofax a sus caseros antes del martes para estar respaldados legalmente en caso de que el decreto no sea convalidado.
Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno, reafirmó la voluntad política de su Ejecutivo para culminar los acuerdos con los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura. Destacó la importancia de abordar tanto las necesidades urgentes como los objetivos estratégicos, mencionando la convalidación de Reales Decretos-leyes y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que moviliza 7.000 millones de euros. Además, subrayó medidas para mejorar la educación y la protección civil frente a emergencias climáticas. Sánchez también defendió el proceso de regulación migratoria y citó elogios internacionales sobre la economía española, destacando que por primera vez en 16 años, España tendrá menos deuda pública que la media mundial.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para discutir la prórroga de los contratos de alquiler que finalizan este año o en 2027. La OCU expresó su apoyo al decreto que permite esta prórroga, pero también solicitó medidas adicionales para abordar el problema estructural de la vivienda en España, incluyendo un aumento en la oferta de vivienda pública en alquiler y mayor seguridad jurídica para los inquilinos. Además, se destacó una sanción reciente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, impulsada por denuncias de la OCU.
Estreno el 1 de abril
En el vibrante laberinto de Tánger, donde el aroma del té de menta se mezcla con el eco de las conversaciones en español, Maryam Touzani nos regala Calle Málaga, su primer largometraje rodado íntegramente en español. Protagonizada por una inmensa Carmen Maura, la película es un retrato íntimo y luminoso de una mujer mayor que se niega a renunciar a su casa, a sus recuerdos y, sobre todo, a su derecho a seguir viviendo con plenitud. Una historia tierna, vital y profundamente humana sobre el coraje de no dejarse borrar del mapa.
La compraventa de viviendas en España experimentó una caída del 5% interanual en enero de 2026, alcanzando un total de 57.489 operaciones, el mayor descenso desde junio de 2024. Este retroceso se produce tras un crecimiento del 11,5% en 2025. La escasez de oferta y el aumento de precios continúan dificultando el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y hogares con menos recursos. Las transacciones de vivienda nueva y usada también mostraron descensos, siendo la segunda mano la más afectada con una caída del 5,4%. En términos regionales, las mayores caídas se registraron en Canarias y Madrid, mientras que Navarra y La Rioja vieron incrementos significativos en sus operaciones.
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La Dirección General de Consumo ha identificado las cláusulas abusivas más comunes en contratos de alquiler de vivienda habitual, que serán comunicadas a arrendadores y arrendatarios. Entre estas prácticas se encuentran el cobro de gastos de gestión al inquilino, exigir fianzas superiores a lo permitido y establecer indemnizaciones desproporcionadas por demora en el desalojo. Consumo recuerda la importancia de revisar los contratos para detectar posibles abusos y fomentar el cumplimiento de la normativa vigente en arrendamientos. Además, se coordinarán campañas de vigilancia del mercado junto a las comunidades autónomas para asegurar una correcta aplicación de la ley.
El Gobierno español ha sufrido una nueva derrota parlamentaria tras la derogación del decreto de prórroga de los alquileres, que contaba con el apoyo de Sumar pero fue rechazado por la abstención del PNV y los votos en contra de PP, Vox y Junts. Solo 166 diputados apoyaron la medida, mientras que 177 votaron en contra. El ministro Pablo Bustinduy criticó duramente a las fuerzas de derecha por abandonar a millones de inquilinos ante posibles subidas abusivas de alquiler. A pesar de esta derrota, Bustinduy aseguró que seguirán intentando aprobar un nuevo texto para proteger a los arrendatarios. La falta de implicación del PSOE también fue cuestionada por miembros de Sumar, lo que genera tensiones dentro de la coalición gubernamental.
El 61% del mercado del alquiler en España está dominado por multiarrendadores y personas jurídicas, según un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC. Este estudio revela que solo el 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a pequeños caseros con un único inmueble. En las grandes ciudades, la proporción de multiarrendadores es aún mayor, alcanzando hasta el 65% en Las Palmas. En la última década, los multiarrendadores han incrementado su número de propiedades alquiladas en un 39,9%, superando el crecimiento del pequeño casero. Este cambio en el mercado refleja una tendencia hacia la concentración de propiedades en manos de pocos arrendadores, lo que podría tener implicaciones significativas para la política de vivienda y el acceso al alquiler en España.
Greenpeace ha solicitado al Gobierno español que implemente más medidas para frenar la especulación inmobiliaria y aumente los recursos destinados a la rehabilitación de viviendas, especialmente en el contexto de la crisis energética. Aunque celebra la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca reforzar la vivienda pública y facilitar el acceso a los jóvenes, considera insuficientes las metas de rehabilitación, proponiendo multiplicarlas por diez para abordar la pobreza energética y reducir las facturas de energía. La organización destaca que una inversión adecuada podría transformar el parque residencial, disminuir las emisiones de CO₂ y generar empleo en el sector de la rehabilitación.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió con la presidenta de FACUA, Olga Ruiz, para discutir la reciente prórroga de los alquileres aprobada por el Consejo de Ministros. Ambos líderes enfatizaron la importancia de que los inquilinos ejerzan su derecho a solicitar esta prórroga, vigente desde el 22 de marzo. FACUA ha informado a sus más de 200.000 socios sobre este derecho y ha proporcionado un modelo de documento para facilitar las solicitudes a los arrendadores. Durante el encuentro, también se abordaron mejoras en la legislación sobre derechos de inquilinos, incluyendo propuestas para regular precios de alquiler y proteger a quienes enfrentan desahucios.
Setenta familias en Madrid, amenazadas con desahucios por la Casa de Alba, podrán retrasar su salida durante dos años gracias a una prórroga de alquileres. Afectados como Paula y Clara denuncian en televisión que la propiedad busca excusas para vaciar el edificio y convertirlo en alojamientos turísticos. La situación se agrava con la creciente crisis de acceso a la vivienda en España, lo que ha llevado al Gobierno a aprobar un decreto que protege a los inquilinos. Las familias afectadas desean permanecer en sus hogares, enfrentándose a una relación deteriorada con los propietarios tras el fallecimiento de la duquesa.
Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha solicitado que se elija al nuevo candidato del espacio Sumar antes de mayo. A pesar de la urgencia expresada por Maíllo, otros partidos dentro de Sumar no comparten esta prisa. Aunque aún no se ha definido el método de elección, se descarta la ruptura del Gobierno de coalición, a pesar de rumores sobre conversaciones internas. Maíllo enfatiza la necesidad de presionar al PSOE en temas como vivienda y política fiscal, criticando su enfoque considerado "timorato".
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