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Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado una nueva propuesta para regular el trabajo de artistas y técnicos en las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones laborales en un sector históricamente asociado a la precariedad. La propuesta incluye la regulación del trabajo de menores en actividades artísticas, garantizando sus derechos y estableciendo normas claras. Además, se incorporan derechos relacionados con la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial, asegurando que los artistas mantengan control sobre su imagen y obra. La norma también prevé comisiones para evaluar y fomentar la transición profesional en el sector cultural.

El rechazo del decreto antiapagones en el Congreso ha intensificado la tensión entre el Gobierno y Podemos, que se unió al PP y Vox para tumbar la norma. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, criticó que las fuerzas políticas actúan en contra de los intereses del país, mientras que Miguel Tellado del PP acusó a sus socios de ser responsables de la decisión. La negativa a este decreto, que contaba con el apoyo del sector eléctrico y ecologistas, podría tener consecuencias directas para los consumidores, como un aumento en la factura de la luz. A pesar del revés, el Gobierno planea seguir trabajando en el decreto y presentarlo nuevamente en el Congreso.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha resaltado la importancia de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) en la promoción de un modelo económico que prioriza la justicia social y los derechos de las personas con discapacidad. Durante un encuentro en Madrid, Díaz destacó el Proyecto de Ley Integral de Economía Social, que reconoce a estos centros como fundamentales en el sector y busca combatir prácticas desleales. Además, se abordó la necesidad de aumentar la contratación pública reservada para garantizar la sostenibilidad de los CEEIS, que actualmente emplean a más de 122,000 personas con discapacidad en España.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, ha afirmado en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU en Sevilla que "la mejor forma de garantizar la paz es avanzar en justicia social". En un contexto global marcado por conflictos y desigualdad, Díaz aboga por políticas públicas que promuevan derechos laborales, educación pública y justicia de género como herramientas esenciales para un desarrollo sostenible. La ministra destacó la importancia del multilateralismo y la cooperación para construir sociedades más justas y seguras. Además, hizo un llamado a forjar un nuevo contrato social y rechazó el genocidio palestino, enfatizando que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y a vivir en paz, dejando un recado al presidente estadounidense: "Mientras Trump se retira de esta cumbre, Sevilla se levanta".

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, se reunió con la Federación Estatal LGTBI+ para reforzar el compromiso por la igualdad laboral. En un acto simbólico, se desplegó la bandera LGTBI en la sede del ministerio, destacando la importancia de construir un entorno donde nadie deba ocultar su identidad para trabajar. Se evaluaron los avances tras la implementación del Real Decreto 1026/2024, que obliga a empresas con más de 50 empleados a adoptar medidas de igualdad para el colectivo LGTBI+. A pesar de los progresos, aún persisten desafíos en visibilidad y discriminación en el ámbito laboral. Ambas partes acordaron seguir colaborando para consolidar estos avances y promover una cultura empresarial inclusiva.

Compromís ha decidido no romper su relación con Sumar, a pesar de las tensiones internas, y revisará el pacto con la coalición esta semana. La formación busca establecer un nuevo marco que garantice la plena autonomía de sus miembros y relaciones horizontales en un grupo confederal. Esta decisión se produce tras discrepancias sobre la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en una comisión de investigación sobre la DANA. Compromís mantiene su objetivo de fortalecer su perfil político y asegurar una relación directa con el Gobierno para abordar la recuperación tras la catástrofe. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, se muestra optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que mantenga la cohesión dentro del grupo.

El PSOE ha cambiado su postura y apoyará el embargo de compra de armas a Israel, presionado por sus socios de izquierda. Este cambio se formalizará con el voto a favor del grupo socialista en la proposición de ley impulsada por Sumar. A pesar de mantener relaciones diplomáticas y comerciales con Tel Aviv, donde se realizaron 135 operaciones de compraventa de material defensivo entre 2023 y 2025, el gobierno español busca demostrar su compromiso con el pueblo palestino. La medida ha sido celebrada por los partidos a la izquierda del PSOE, que exigen acciones concretas para frenar el genocidio en Gaza.

El Gobierno español, en colaboración con Sumar, aprobará un Real-Decreto ley que ampliará el permiso parental a 17 semanas por nacimiento y añadirá dos semanas retribuidas hasta los 8 años del hijo. Esta decisión se tomará en el Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales, tras intensas negociaciones entre PSOE y Sumar. Aunque la medida no alcanza las 20 semanas solicitadas inicialmente por Sumar, incluye mejoras significativas como el blindaje de 32 semanas de cuidados para familias monomarentales. La implementación de estas nuevas disposiciones es urgente para evitar multas impuestas por la Unión Europea.

Sumar ha presentado una serie de exigencias al presidente Pedro Sánchez para revitalizar la legislatura, enfocándose en una agenda social más robusta y medidas contundentes contra la corrupción. Entre sus propuestas destaca la reforma de la ley de partidos para que estos asuman las responsabilidades económicas por actos delictivos de sus miembros, así como prohibir a empresas condenadas por corrupción participar en contratos públicos durante 20 años. Además, Sumar busca crear una Agencia Independiente contra la Corrupción y establecer que los condenados por corrupción no puedan beneficiarse de indultos. La vicepresidenta Yolanda Díaz enfatiza la importancia de continuar en el Gobierno para enfrentar desafíos actuales y evitar que la coalición caiga ante la extrema derecha.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha advertido que participar en la marcha del Orgullo de Budapest, que ha sido prohibida por las autoridades, "tendrá consecuencias legales". Las reformas constitucionales aprobadas por su partido permiten multar a quienes asistan a este evento. A pesar de la prohibición, el alcalde de Budapest sostiene que la marcha se llevará a cabo como un evento municipal. La presidenta de la Comisión Europea ha instado a Hungría a permitir la celebración sin sanciones. Se espera la participación de numerosos políticos internacionales en la marcha.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha exigido al presidente Pedro Sánchez garantías de que el 'caso Cerdán' no se extienda por el PSOE. Durante una entrevista en Telecinco, advirtió que si no se toman medidas claras para erradicar la corrupción, habrá "un problema" en el país. Díaz instó a Sánchez a asegurar que no hay financiación ilegal y a implementar reformas radicales, como la eliminación de aforamientos. También criticó la reciente sesión de control del Gobierno, calificándola de falta de respeto hacia los ciudadanos.

Yolanda Díaz ha presentado el primer plan específico de empleo para el pueblo gitano, con el objetivo de fomentar su integración social y laboral. Este Plan de mejora de la empleabilidad incluye catorce medidas diseñadas para proporcionar una acción de empleo diferenciada y con especial atención a las necesidades de esta comunidad. La iniciativa busca mejorar las oportunidades laborales y promover la inclusión del pueblo gitano en el mercado laboral.

Yolanda Díaz ha presentado una nueva herramienta destinada a evaluar los riesgos laborales de las trabajadoras del hogar. Esta herramienta es accesible y no requiere conocimientos técnicos previos, permitiendo a los empleadores completar la evaluación en un plazo de seis meses y adoptar las medidas preventivas necesarias. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones laborales en el sector del trabajo doméstico.