Acusan a la familia Pujol de haber conformado un entramado familiar que aparentemente ha funcionado como un todo, para beneficiar económicamente a la familia y a su círculo de amigos, a la vista de las investigaciones judiciales e interpelaciones parlamentarias sobre los contratos de sus empresas con la Generalitat de Catalunya.
A esta acusación se unirá ICV-EUiA y Procés Constituent, y Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que ya había anunciado que se querellaría contra el expresident por su "gobernanza mafiosa".
Los movimientos ciudadanos ejercerán la acusación popular contra la familia Pujol y su entorno y consideran que constituyen un ejemplo del modus operandi de la "corruptocracia" que se ha incrustado en el sistema surgido de la Transición y que se ha extendido "como un virus", según ha dicho el abogado Jaume Asens que compone el equipo jurídico de esta iniciativa penal.
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