También, en un acto más insólito, llegaron incluso al consenso de que es necesario trasladar principios éticos al ámbito de las administraciones públicas y al mundo empresarial, donde reivindicaron el papel de las pymes frente a las grandes compañías.
Representantes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU, UPyD y Compromís celebraron un debate organizado por la agencia Servimedia y Forética en el que plantearon como reto "incorporar la ética al sistema productivo de este país" y, sobre todo, reivindicaron el principio del cumplimiento de la ley en el mundo empresarial, porque "la RSC empieza después del cumplimiento de la ley".
La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Marta González presumió de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el primero en aprobar "la primera estrategia nacional" sobre responsabilidad social en España, la cual cumple justo un año este mes de julio, con 60 medidas concretas.
González se mostró partidaria de incluir "claúsulas sociales" al entender que es "absolutamente indispensable que determinadas contrataciones de la administración pública deben realizarse con ciertas empresas" que cumplen las normas y tienen un componente social que reporta al resto de la sociedad. Si se generaliza, indicó que la responsabilidad social puede convertirse en un elemento diferenciador de la Marca España.
La secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, garantizó que el programa electoral de su partido para las elecciones generales incluirá "una parte dedicada a la RSC", concebida como la "devolución de las empresas a la propia sociedad", porque "la empresa debe ser responsable con la sociedad en la que vive". En este sentido, aplaudió que ha permitido "insertar en las empresas valores que no estaban, como la igualdad y la diversidad".
Rodríguez avanzó que entre las medidas que está estudiando su partido sobresalen las cláusulas sociales, las compras responsables desde la Administración y aprobar una legislación que regule la responsabilidad corporativa de las empresas pero manteniéndola "de forma voluntaria". No obstante, sentenció que las empresas que no cumplen las normas, por ejemplo en materia de contratación de personas con discapacidad, "no deberían tener ningún favor en la contratación con las administraciones públicas".
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