La jueza ha citado a González Amador a declarar el próximo 10 de abril en calidad de imputado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Esta citación se enmarca en una pieza separada abierta en octubre de 2024, que se suma a la investigación principal por fraude fiscal y falsedad documental que ya pesa sobre el empresario.
El caso, que lleva meses bajo escrutinio público, ha dado un paso adelante con esta decisión judicial. La investigación de la pieza separada se centra en los negocios de González Amador con el grupo sanitario Quirón, específicamente en la adquisición de una empresa pantalla, Masterman SL, por 499.836 euros. Según las acusaciones, esta operación, realizada con la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, podría haber servido para ocultar ingresos y reducir la carga fiscal de Maxwell Cremona, la sociedad administrada por González Amador. La Agencia Tributaria ha calificado esta maniobra como “artificiosa”, “ilícita” e “inequívocamente defraudatoria”, lo que ha dado pie a las sospechas de corrupción.
La jueza Iglesias ha impulsado esta nueva línea de investigación tras el aval de la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 3 de marzo, que consideró que existen indicios suficientes para profundizar en los hechos. En su auto, la magistrada destaca que Quirón Prevención podría haber resultado perjudicada por las acciones de González Amador, lo que refuerza la hipótesis de un posible delito de administración desleal. Además, ha rechazado la pretensión del imputado de excluir a las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid, permitiendo su participación en el proceso.
Este no es el primer encontronazo de González Amador con la justicia. En la pieza principal del caso, ya está siendo investigado por un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros y falsedad en documento mercantil, relacionados con facturas falsas para eludir impuestos en los ejercicios de 2020 y 2021. A pesar de haber comparecido en una ocasión el pasado 24 de febrero, el empresario se acogió a su derecho a no declarar, y esta será la sexta vez que se le cite ante el juzgado.
El caso ha generado un intenso debate político. Mientras Ayuso ha defendido en repetidas ocasiones que los hechos investigados son anteriores a su relación con González Amador, las fechas de los presuntos delitos de la pieza separada, situados en 2021, coinciden con un periodo en el que ambos ya eran pareja. Esto ha avivado las críticas de la oposición, con figuras como Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, afirmando que “algo huele a podrido en la Puerta del Sol”. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que no se debe juzgar a Ayuso por la conducta de un particular, mientras que el PP ha tratado de desvincular a la presidenta de las acusaciones.
Con la declaración del 10 de abril en el horizonte, el caso promete mantenerse en el foco mediático y político. La investigación podría arrojar luz sobre las relaciones entre González Amador y Quirón, un gigante sanitario con fuerte presencia en Madrid, y sus implicaciones para la gestión de Ayuso. Mientras tanto, la justicia sigue su curso, y el desenlace de este proceso podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito judicial como en el político.
Si (
No(
