Salomé Pradas reparte culpas en su declaración sobre la gestión de la DANA

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha optado por deslindar responsabilidades en el marco de la investigación sobre la gestión durante la DANA. En su comparecencia ante la jueza, Pradas no solo evitó asumir culpa alguna, sino que se dedicó a repartir las responsabilidades entre otros actores, con el objetivo de proteger al president Carlos Mazón.

A pesar de haber declarado que hablaría con los medios tras su declaración, Pradas salió por una puerta trasera, esquivando a los numerosos periodistas presentes y, lo que es más significativo, a las víctimas que esperaban justicia. Al llegar al juzgado, ya se había encontrado con ellas, quienes expresaron su dolor y rabia ante su presencia.

Repartiendo culpas

Durante su declaración en el juzgado de Catarroja, donde se investiga lo sucedido el 29 de octubre, Pradas intentó desvincularse de cualquier responsabilidad. Afirmó que no tenía conocimiento de la situación crítica que se estaba desarrollando ese día, como si hubiera sido una mera espectadora. Su argumento principal fue que carecía de experiencia en emergencias y que había asumido el cargo recientemente.

Pradas destacó que su rol era meramente "institucional", sugiriendo que no tenía un papel activo en la toma de decisiones. A pesar de llevar tres meses en el cargo, insistió en que las decisiones eran tomadas colegiadamente junto a la Delegada del Gobierno. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida tanto por la jueza como por el vicepresidente de la Generalitat, Gan Pampols.

Desinformación y excusas

Una de las afirmaciones más controvertidas fue cuando Pradas aseguró que "no estaban informados de la magnitud hasta final del día". Esta declaración ha sido refutada por informes judiciales y medios de comunicación que han demostrado lo contrario.

En un intento evidente por desviar las críticas hacia otros responsables, Pradas acusó a los técnicos del Cecopi y cuestionó la ausencia presencial de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno. Sin embargo, resulta contradictorio ya que su propia consellería había convocado a Bernabé telemáticamente.

Culpa compartida

Además, responsabilizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no alertar sobre el aumento del caudal en el barranco del Poyo. No obstante, esta afirmación también ha sido desmentida por informes recientes recibidos por la jueza.

Pradas continuó su estrategia culpando al entonces Inspector jefe de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. Aseguró ante la jueza que él era quien dirigía las operaciones y no ella. Respecto al retraso en lanzar la alerta sobre el desbordamiento del río Magro, Pradas atribuyó dicha demora a la Unidad Militar de Emergencia (UME), aunque hay pruebas documentales que contradicen sus afirmaciones.

Falsedades evidentes

Finalmente, Pradas también arremetió contra el Servicio de Emergencias al afirmar que no hubo comunicación desde el 112 y alegando incluso que no había pantallas disponibles para monitorear la situación. Sin embargo, imágenes demuestran lo contrario y evidencian que sus declaraciones son totalmente falsas.

Preguntas sobre la noticia