La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que "La Ley de Vivienda funciona" tras presentar los resultados del índice de precios del alquiler en 140 municipios de Catalunya durante su primer año de aplicación. Este anuncio se realizó en colaboración con el Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La Ley 12/2023, que garantiza el derecho a la vivienda, es clave en este contexto. Para más detalles, visita el enlace oficial.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado una nueva herramienta web destinada a arrendadores y arrendatarios para calcular la actualización de la renta del alquiler. Esta calculadora permite conocer el precio máximo al que puede actualizarse la renta, tomando en cuenta el Índice de Precios de Consumo y el Índice de referencia de arrendamientos de vivienda. La herramienta es útil para contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, asegurando que las actualizaciones se realicen conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se inicia el proceso de consulta pública del Real Decreto por el que se crea la Ventanilla Digital Única de Arrendamientos y regula la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración.
Lime, Dott y Tier Mobility deberán retirar sus vehículos a partir de octubre por incumplir las obligaciones establecidas en las bases. Las tres operadoras han dificultado la labor inspectora del Ayuntamiento, quien ha podido corroborar el quebrantamiento de las autorizaciones.
El grupo municipal de Más Madrid ha elaborado un exhaustivo informe sobre la situación de la vivienda en la ciudad, analizando las últimas tendencias en este ámbito. Resultado: Madrid vive una emergencia habitacional jamás conocida.
La portavoz del GPCS señala que el Gobierno 've en los problemas serios de los españoles una oportunidad electoralista'.
Un español en Alemania (63)
7 de cada 10 inmobiliarias rechazan a los emigrantes en un estudio en el que se han realizado un total de 1.836 llamadas, respondiendo a anuncios de alquiler reales a agencias de Alemania, Solingen, Remscheid y Wuppertal.
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La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, busca garantizar el derecho a la vivienda en España mediante medidas que aumentan la oferta de viviendas asequibles y regulan los precios del alquiler. Esta legislación incluye la creación de un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, beneficios fiscales para arrendadores y límites a las subidas de alquiler en zonas tensionadas. Además, promueve la protección contra desahucios y establece nuevas definiciones para grandes propietarios y viviendas vacías. Con estas reformas, se pretende apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en su acceso a una vivienda digna.
En los últimos años las marchas por una vivienda digna vienen siendo un tema recurrente en varias ciudades españolas.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha propuesto durante su intervención en el Debate del Estado de la Región triplicar la inversión en vivienda hasta llegar a los 1.800 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. De este modo, se crearían 10.000 alquileres a 600 euros y 10.000 viviendas públicas de calidad.
El presidente del Gobierno ha anunciado la construcción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social y a precio asequible, o cedidas para dicho uso por un período mínimo de 50 años, a través del nuevo Plan de Facilidad para la Promoción de Vivienda Social con el que se movilizarán 6.000 millones de euros en préstamos y avales a promotores públicos y privados.
La portavoz del PSOE ha lamentado que el principal partido de la oposición se plantee como proyecto la política del anti todo: anti medidas, anti propuestas, anti avances, anti cambio climático, anti derechos…
La Semana Santa llega del 14 al 17 de abril para una gran mayoría de los españoles, aunque hay quienes aprovecharán para alargar los días...
El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde, a través de un real decreto-ley, a la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y a las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero de 2021. Mantiene hasta esa fecha la suspensión de desahucios de hogares vulnerables o la solicitud de moratoria en el pago de hipotecas y determinados alquileres. Por otro lado, extiende el bono social eléctrico hasta 1,3 millones de consumidores.
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