Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional y Greenpeace, exigen una reforma urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, antes de su décimo aniversario en julio de 2025. Esta ley ha sido criticada por vulnerar derechos humanos y restringir el derecho a la protesta. Desde su implementación, más de 429.000 sanciones han sido impuestas, muchas por desobediencia y resistencia. Las organizaciones demandan la prohibición del perfilamiento racial, la eliminación del rechazo en frontera y modificaciones en las infracciones que afectan a la protesta. Un acto de protesta está programado para el 28 de marzo en Madrid para exigir cambios significativos en esta legislación.