Una de cada cuatro personas trans en España ha sido víctima de agresiones físicas o sexuales en el último año, según la investigación "Estado del Odio LGTBI+ 2024" elaborada por 40dB para la Federación Estatal LGTBI+. Además, el 35,6% ha sufrido acoso y el 37,8% discriminación. Marta Alonso, representante de la FELGTBI+, ha exigido la aprobación urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia grupos vulnerables. La conmemoración del Día de la Visibilidad Trans resalta la necesidad de legislar para erradicar el odio y proteger a quienes sufren estas violencias.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha instado al PSOE a llevar a cabo las conversaciones necesarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), destacando que su presentación es una obligación fundamental. Durante una declaración en el Congreso, Santiago enfatizó que el debate sobre los presupuestos es crucial para definir el modelo de país y proyecto político que se defiende, especialmente en un contexto complicado donde se requiere fortalecer el escudo social y promover la paz. También afirmó que la falta de aprobación de los PGE no debe debilitar la imagen del Gobierno, ya que es vital mostrar un proyecto social enfocado en mejorar las condiciones de vida. Santiago concluyó que Izquierda Unida trabaja para asegurar una legislatura duradera y continuar siendo un ejemplo de progreso en Europa.
Más Madrid ha presentado una Proposición de Ley para la localización, identificación y recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura en la Comunidad de Madrid. Esta normativa establece un marco legal para la exhumación de fosas comunes, asegurando la dignidad de las víctimas y el rigor científico en los procesos. La ley incluye la creación de un mapa integral de fosas, un censo de desaparecidos y un banco de datos de ADN para facilitar identificaciones. Alicia Torija, diputada de Más Madrid, enfatiza la importancia de esta iniciativa para hacer justicia y coordinar esfuerzos entre administraciones. A pesar del rechazo por parte del PP y Vox, se busca fomentar la participación ciudadana en estas políticas públicas de memoria. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.
Más de 737.000 niños en Ucrania han sido desplazados debido al conflicto, afectando gravemente sus derechos a la salud, educación y vida familiar. A pesar de las adversidades, más de un tercio de estos niños continúa asistiendo a la escuela. La situación ha provocado muertes, lesiones y separaciones familiares, generando traumas significativos en la vida de los menores ucranianos. Para más información, visita el enlace a la noticia completa.
El Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM) ha denunciado la reciente prohibición de la manifestación del Orgullo en Hungría, afirmando que esta acción representa un retroceso en los derechos humanos y que Europa ya no es un espacio libre de LGTBIfobia. COGAM exige sanciones contundentes desde la Unión Europea contra los gobiernos que atentan contra los derechos de la comunidad LGTBI+. La noticia destaca la importancia de proteger los derechos humanos en el continente europeo. Para más información, visita el enlace original.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELGTBI+) ha instado a la Unión Europea a priorizar la erradicación del discurso de odio y la prohibición de las "terapias de conversión" en su nueva Estrategia LGTBI+ para 2025-2030. Durante el IV Congreso de Empresas y Derechos Humanos, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación, destacó que el aumento del discurso de odio está vinculado al retroceso en los derechos LGTBI+ en varios países. Además, se hizo un llamado a la Comisión Europea para actuar ante violaciones de derechos fundamentales en Estados miembros como Hungría. La secretaria de Estado de Igualdad también subrayó la importancia de mantener la protección de los derechos LGTBI+ frente a posibles retrocesos.
Cientos de palestinos han muerto tras la reanudación de los bombardeos israelíes en Gaza, según el Ministerio de Sanidad local, que eleva la cifra a 400. El líder de la ONU y el encargado de derechos humanos han condenado estos ataques y piden un alto a las operaciones militares. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad se reúne para abordar la crisis humanitaria, que se agrava tras dos semanas de cierre en la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel. Para más detalles, visita el enlace.
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Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional y Greenpeace, exigen una reforma urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, antes de su décimo aniversario en julio de 2025. Esta ley ha sido criticada por vulnerar derechos humanos y restringir el derecho a la protesta. Desde su implementación, más de 429.000 sanciones han sido impuestas, muchas por desobediencia y resistencia. Las organizaciones demandan la prohibición del perfilamiento racial, la eliminación del rechazo en frontera y modificaciones en las infracciones que afectan a la protesta. Un acto de protesta está programado para el 28 de marzo en Madrid para exigir cambios significativos en esta legislación.
Representantes del mundo de la cultura y el activismo han presentado en Madrid el manifiesto "No nos resignamos al rearme y a la guerra", respaldado por más de 800 organizaciones y 16,000 personas. El documento exige un enfoque político para lograr la paz, rechazando la militarización y el aumento del gasto en armamento. Destacan que estas decisiones pueden comprometer recursos vitales para educación, sanidad y derechos sociales. Además, se alerta sobre las consecuencias de una posible prolongación del conflicto con Rusia y su impacto en los derechos humanos, especialmente en las mujeres. La iniciativa busca concienciar al Gobierno sobre la necesidad de priorizar la paz y el bienestar social frente a la carrera armamentista.
Una comunidad rural en Galicia ha presentado una demanda innovadora contra la Xunta y otras autoridades por su inacción frente a la contaminación ganadera que afecta al embalse As Conchas en Ourense. Nueve demandantes, apoyados por organizaciones como CECU y ClientEarth, argumentan que la cría intensiva de ganado ha deteriorado gravemente la calidad del agua y la salud de los residentes. Este caso es pionero en Europa, ya que un tribunal evaluará el impacto de la ganadería industrial desde una perspectiva de derechos fundamentales. Los demandantes exigen medidas para proteger su salud y bienestar, denunciando que las autoridades han ignorado sus preocupaciones durante años. La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de regular las explotaciones ganaderas para salvaguardar el medio ambiente y la salud pública.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha denunciado en el Congreso que el Partido Popular (PP) y Vox dependen de flujos constantes de migrantes y refugiados para fomentar su estrategia electoral basada en el odio. Durante su intervención, criticó la estigmatización de quienes huyen de la persecución y la falta de recursos destinados a proteger a los migrantes en Europa, mientras se invierten miles de millones en armamento. Santiago también advirtió sobre las implicaciones del nuevo reglamento europeo que permitiría deportar solicitantes de asilo a países lejanos, lo cual considera una violación de derechos humanos. Su discurso subraya la necesidad de abordar las causas profundas de la migración y defender los valores democráticos fundamentales de la Unión Europea.
CCOO exige el fin de la limpieza étnica en Palestina. En una declaración reciente, el sindicato ha manifestado su preocupación por la situación en la región y ha instado a las autoridades internacionales a tomar medidas para detener esta grave violación de derechos humanos. Para más información, visita el enlace.
El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto Ley que marca un avance significativo en la defensa de los derechos humanos y el interés superior del menor. Este decreto establece medidas urgentes para proteger a la infancia y adolescencia en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, según lo anunciado por el ministro Ángel Víctor Torres. La norma modifica la Ley de Extranjería para asegurar una distribución equitativa de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, especialmente aquellas que superan su capacidad de acogida. Además, se destinarán 100 millones de euros para facilitar traslados y abordar la sobreocupación en centros de menores. Esta iniciativa busca responder a demandas históricas de territorios fronterizos y cuenta con el apoyo necesario para su convalidación parlamentaria.
La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela ha denunciado la continua represión y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno venezolano. Según informes, entre septiembre y diciembre de 2024 se documentaron al menos 42 arrestos, seguidos de 84 más a principios de 2025, dirigidos contra opositores políticos y críticos del régimen. Esta situación alarmante resalta la grave violación de derechos humanos en el país. Para más información, visita el enlace.
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