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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado otra condena en una investigación sobre un fraude fiscal de gran escala relacionado con la venta de servicios de Voz sobre IP (VoIP), con daños estimados en 100 millones de euros. El 8 de abril de 2025, un tribunal regional en Alemania condenó a un miembro de una red criminal por fraude organizado al reclamar reembolsos de IVA basados en facturas fraudulentas. Este esquema, que se conoce como fraude en carrusel de IVA, aprovechaba las reglas de transacciones transfronterizas dentro de la UE. La sentencia resultó en dos años de prisión condicional y la confiscación de 7.3 millones de euros. Esta es la tercera condena en esta investigación, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Ostrava, Chequia, lidera una investigación sobre un presunto fraude fiscal de 14 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles de segunda mano. La operación, que resultó en cinco arrestos tras búsquedas en Chequia y Letonia, revela que los sospechosos habrían aplicado indebidamente un tipo impositivo reducido al declarar falsamente los teléfonos como originarios de la UE. Se han confiscado activos por valor de 2.5 millones de euros, incluidos propiedades y vehículos. Los acusados enfrentan penas de prisión de cinco a diez años si son declarados culpables. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE. Se investiga el uso de documentos falsificados para obtener aproximadamente 593,000 euros de fondos europeos y 104,000 euros del presupuesto nacional. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años y multas significativas. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de 94.5 millones de euros para sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas. Los acusados, que incluyen a dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, son acusados de presentar información falsa para obtener fondos europeos. Además, se investiga al exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria por autorizar pagos a pesar de conocer la falsedad de los datos. Los implicados enfrentan medidas cautelares, incluyendo fianzas y restricciones de salida del país. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

El Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha advertido sobre la posibilidad de un "conflicto serio" con Ucrania tras la negativa de este país a continuar el tránsito de gas hacia Eslovaquia. Fico expresó que podría haber "represalias" si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no libera el gas que Eslovaquia necesita. Esta declaración se produjo después de una reunión privada en Bruselas entre ambos líderes. Fico también criticó las propuestas presentadas por Zelensky respecto al suministro de gas y enfatizó que Eslovaquia no está en guerra ni con Rusia ni con Ucrania, pero considerará medidas recíprocas en respuesta a la situación del gas. La tensión surge en medio de preocupaciones sobre la seguridad del suministro energético en la Unión Europea.

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Los acusados, involucrados en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros. El director formal, ciudadano danés, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión, mientras que el gerente de facto, ciudadano turco, recibió una pena de cinco años y nueve meses. La investigación sigue activa con otros sospechosos bajo escrutinio.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumania por un fraude de 2,1 millones de euros relacionados con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en falsificación y fraude en dos proyectos agrícolas en el condado de Giurgiu, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Se sospecha que presentaron más de 240 documentos falsificados para obtener pagos indebidos, incluyendo la construcción de invernaderos para cultivos de fresas. Se han tomado medidas cautelares para recuperar daños, incluyendo el embargo de bienes valorados en más de 1,2 millones de euros. Los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red internacional de contrabando de cigarrillos en Italia, arrestando a 14 sospechosos y confiscando activos valorados en aproximadamente 1 millón de euros. La operación se llevó a cabo en las provincias de Palermo, Trapani y Nápoles, y está relacionada con el tráfico ilícito de 22 toneladas de cigarrillos entre África del Norte, Europa del Este e Italia, causando un daño financiero a la UE de 850,000 euros por derechos aduaneros no pagados. Si no se hubieran confiscado los cigarrillos previamente, las organizaciones criminales habrían obtenido un beneficio de 4 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

Seis personas, incluyendo al exalcalde de Beceni, han sido acusadas de fraude y corrupción en un caso llevado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rumanía. La investigación se centra en dos proyectos financiados por la UE para desarrollar campos deportivos y renovar un centro multifuncional, donde se alega que el exalcalde presentó documentos falsos y recibió sobornos. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de entre dos y diez años de prisión. Este caso destaca la importancia de la vigilancia sobre el uso de fondos europeos y la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.