La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja debido a las "profundas contradicciones" en el testimonio de la mujer y la falta de corroboración. La denuncia se refería a un incidente ocurrido en 2020, pero el tribunal determinó que la declaración de la víctima no era suficientemente consistente ni persistente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para más detalles, visita el enlace.
El Tribunal del Condado de Zagreb ha condenado a dos individuos, incluyendo un funcionario público, y a una empresa constructora por abuso de poder en relación con la construcción de una planta de clasificación de residuos en Croacia. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo, reveló manipulación en el proceso de licitación que favoreció a la empresa seleccionada, resultando en un sobreprecio de más de 319,000 euros. La empresa deberá pagar una multa de 400,000 euros y devolver el monto inflado. Los condenados incluyen un diseñador de documentación del proyecto y un funcionario municipal, quienes aceptaron los cargos mediante acuerdos de culpabilidad. Las investigaciones continúan para otros implicados.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis meses de prisión y una multa de 1.080 euros a dos hombres por un delito contra la dignidad de las personas, tras insultar a otra persona en un bar de Madrid con expresiones homofóbicas como "maricón" y "maricón de mierda". Además, los condenados recibirán una inhabilitación especial de tres años y medio para ejercer profesiones educativas y deberán pagar 500 euros a la víctima. La sentencia destaca que estas ofensas constituyen un menoscabo a la integridad moral por motivos de orientación sexual, rechazando el argumento de libertad de expresión en este contexto.
Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La Audiencia de Navarra dictó la sentencia tras comprobar un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar con más de 30.000 euros a su familia por los daños causados. A pesar de tener órdenes de alejamiento, convivió con ellos hasta marzo de 2023, cuando se produjo una agresión grave en presencia de sus hijos. La sentencia incluye múltiples delitos relacionados con el maltrato y quebrantamiento de condena.
Un recluso ha sido condenado a tres años de prisión por introducir drogas en la cárcel de Cuenca tras regresar de un permiso penitenciario. La Audiencia Provincial lo halló culpable de un delito contra la salud pública al ingresar 0,75 kg de cocaína, valorada en 60 euros por gramo, ocultos en un preservativo. Además de la pena de prisión, se le impone una multa de 120 euros y el pago de las costas procesales. La sentencia es firme y no admite recurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato de otro en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba falta de pruebas suficientes. El jurado popular determinó que el acusado disparó varias veces contra la víctima desde su vehículo, lo que resultó en su muerte. Además, se le impone una indemnización a la familia de la víctima. Esta decisión no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena a cinco acusados de contrabando de tabaco, imponiendo penas que oscilan entre 2 años y 6 meses y 5 años de prisión. La sentencia ratifica la decisión de la Audiencia Provincial, que había dictado estas penas en marzo. Los condenados estaban involucrados en la elaboración y venta ilegal de cigarrillos, utilizando naves industriales para ocultar su actividad. Se incautaron más de 3 millones de cajetillas y se estima una deuda tributaria superior a 51 millones de euros. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
|
Greenpeace ha alertado que el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, no está cumpliendo con una sentencia que obliga a declarar como no urbanizables los terrenos donde se ubica el hotel de El Algarrobico. A pesar de que el consistorio ha enviado documentos técnicos para corregir un error tipográfico en su plan urbanístico, esto no implica una modificación efectiva del mismo. La organización ecologista ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que imponga multas al alcalde hasta que se cumpla la sentencia que clasifica los terrenos como no urbanizables. Greenpeace también insta a la Junta de Andalucía a considerar la expropiación forzosa para acelerar el proceso.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de once años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su pareja en Huelva, tras amenazarla con difundir un vídeo íntimo. La sentencia incluye una indemnización de 30.000 euros a la víctima por daño moral. El acusado, que se encuentra en prisión, intentó apelar la decisión, pero el TSJA desestimó su recurso, argumentando que las pruebas eran válidas y suficientes para sostener la condena. Además, se le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años. Esta resolución refuerza el compromiso del sistema judicial español en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.
Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión en Valencia por agredir sexualmente a su hijo menor durante unas vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, tras comprobar que el padre realizó tocamientos inapropiados y se masturbó frente al niño. Además, se le inhabilita para ejercer la patria potestad durante seis años y deberá indemnizar al menor con 5.000 euros por daños morales. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de tres años de prisión a una mujer que agredió a otra con un vaso de cristal en una discoteca. La Audiencia de Salamanca determinó que la acusada cometió un delito de lesiones, resultando en heridas graves para la víctima, quien sufrió cicatrices permanentes. Además, se le impuso una indemnización de 9.364,72 euros y una orden de alejamiento. La sentencia destaca la credibilidad del testimonio de la víctima y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a I.J.F. a 24 años de prisión por el asesinato con alevosía del novio de su exnovia en Jumilla, ocurrido en mayo de 2021. La sentencia resalta la premeditación y la violencia vicaria en el crimen, que involucró a varios miembros de su familia. Además, se impusieron prohibiciones de acercamiento y comunicación con la víctima y su familia, así como medidas de seguridad tras cumplir la pena. Los condenados deberán indemnizar a los familiares de la víctima con un total de 210.000 euros. La resolución no es firme y puede ser apelada.
La Audiencia Provincial de Balears ha condenado al empresario V.T.M., propietario de Cárnicas Vicente, a un año y once meses de prisión por vender carne en mal estado, constituyendo un delito contra la salud pública. Además, se le impone una inhabilitación especial para ejercer en el comercio de alimentos durante cuatro años. La sentencia también incluye una multa de dieciocho meses para Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. y la obligación de pagar 120.000 euros por la destrucción de mercancía y 80.835 euros por almacenamiento. La falta de higiene y prácticas inseguras en la manipulación de alimentos fueron evidenciadas durante el juicio. La sentencia no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena a cinco años de prisión para un joven de 22 años por agredir y retener a su expareja, violando una orden de alejamiento. El acusado, que había mantenido una relación con la víctima durante tres años, fue hallado culpable de detención ilegal y lesiones leves tras un incidente en el que la forzó a entrar en su vehículo y le propinó un puñetazo. La mujer logró enviar un mensaje pidiendo ayuda antes de ser liberada por la policía. Además, se le ordenó indemnizar a la víctima con 2.000 euros.
|
