El acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida recoge la celebración de un referéndum en Cataluña para que los ciudadanos de esa comunidad "puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España".
Según recoge el acuerdo, denominado 'Cambiar España: 50 pasos para gobernar juntos', con el que ambas formaciones establecen unos mínimos comunes para concurrir conjuntamente en las próximas elecciones, proponen realizar "un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas del ejercicio del derecho a decidir en el marco del cambio constitucional".
Plantean el reconocimiento constitucional de la naturaleza "plurinacional" de España y la garantía constitucional del derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial en el país "cuando una mayoría lo pida con intensidad".
Al amparo del artículo 92 de la Constitución, asegura el texto, se propone la "convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España".
Ambas formaciones defienden un conjunto de reformas que se podrán llevar a cabo mediante políticas públicas, nueva legislación o bien desde el fortalecimiento de mecanismos como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) o el referéndum.
También plantean la apertura de un debate ciudadano "orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978". En este sentido, defienden la convocatoria, al amparo del artículo 92.1 de la Constitución, de un referéndum consultivo para iniciar ese proceso.
Ambos partidos plantean, asimismo, en este acuerdo programático un nuevo modelo de financiación basado en la "equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial" que garantice la suficiencia del ámbito competencial a través de la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y la participación de los tributos del Estado. "La financiación no podrá ser un obstáculo para el desarrollo del marco competencial propio", defienden.