El Gobierno de España ha aprobado la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, un proyecto que moderniza el marco regulatorio del sector industrial y establece nuevas bases para la política industrial del país. Esta ley busca reindustrializar España, mejorar la competitividad y resiliencia de la industria, y contribuir a los objetivos de descarbonización y transformación digital. Incluye medidas para fomentar la autonomía estratégica, impulsar la innovación y proteger la propiedad industrial, así como crear un entorno favorable para las pymes. Además, se reconoce una especial protección a las industrias intensivas en energía y se establecen mecanismos para facilitar inversiones industriales.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que establece un nuevo marco para la política industrial en España. Este proyecto no solo busca actualizar la normativa vigente, que data de 1992, sino también transformar el sector industrial del país mediante una serie de instrumentos innovadores que promuevan la reindustrialización.
El ministro Jordi Hereu ha enfatizado que esta ley representa un punto de inflexión para la industria española. “Aportará modernización, certidumbre y eficiencia. Nuestro objetivo es claro: reindustrializar España”, afirmó durante la presentación del proyecto. La nueva legislación tiene como finalidad aumentar el peso de la industria en la economía nacional, mejorar su competitividad y contribuir a los objetivos de descarbonización y transformación digital.
Entre las principales características de la Ley se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos que regulan la participación de la industria española en el mercado interior europeo. Se garantizará la libertad de establecimiento para empresas industriales, así como la libre circulación de productos y la unidad del mercado.
Además, se incorporan nuevos objetivos alineados con las estrategias europeas:
La Ley introduce elementos clave para una adecuada gobernanza del sector industrial:
Nuevas Medidas para el Apoyo Industrial
La ley también contempla protección especial para industrias intensivas en energía. El Gobierno implementará medidas para apoyar su transición energética, exigiendo planes a largo plazo para describir su proceso de descarbonización. Asimismo, se habilitarán nuevas herramientas para acelerar grandes proyectos industriales y se simplificarán procesos administrativos mediante grupos específicos.
Cualquier empresa que decida cerrar operaciones deberá notificarlo con nueve meses de antelación si ha recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros; esto incluye devoluciones si se reduce significativamente su producción o plantilla. Además, se creará una Reserva Estratégica Nacional destinada a movilizar capacidades productivas ante crisis excepcionales.
En otra decisión relevante, el Consejo aprobó transformar SEPI Desarrollo (SEPIDES) en una Entidad Pública Empresarial. Esta entidad gestionará fondos dirigidos a impulsar actividades industriales y será clave en convocatorias financiadas por fondos europeos relacionados con iniciativas como el vehículo eléctrico o la descarbonización industrial.
A través de estas reformas, el Gobierno busca no solo revitalizar el sector industrial español, sino también adaptarlo a los retos contemporáneos, asegurando un futuro sostenible y competitivo en el panorama global.
Cifra | Descripción |
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9 meses | Plazo que debe anunciar una empresa para finalizar su actividad industrial en España si ha recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros. |
65% | Porcentaje de reducción en producción que obligaría a devolver ayudas públicas recibidas. |
500 | Número mínimo de personas cuya reducción en plantilla obligaría a devolver ayudas públicas recibidas. |
5 años | Plazo de prescripción para infracciones muy graves según la nueva ley. |
3 años | Plazo de prescripción para infracciones graves según la nueva ley. |
1 año | Plazo de prescripción para infracciones leves según la nueva ley. |
60.000€ | Multa máxima por infracciones leves. |
6M€ | Multa máxima por infracciones graves. |
100M€ | Multa máxima por infracciones muy graves. |
Es un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros que establece las bases para la ordenación del sector industrial en España, buscando modernizar la política industrial y fomentar la reindustrialización del país.
La ley tiene como objetivo incrementar el peso de la industria en la economía española, mejorar su competitividad y resiliencia, y contribuir a los objetivos de descarbonización y transformación digital.
Se reconoce una especial protección a esta industria, estableciendo medidas de apoyo para facilitar su descarbonización y transición energética, incluyendo planes de eficiencia energética a largo plazo.
Es un fondo que moviliza productos y capacidades estratégicas ante situaciones de crisis, permitiendo tener un listado de artículos estratégicos y capacidades de producción nacional disponibles rápidamente.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, con multas que pueden alcanzar hasta 100 millones de euros dependiendo de la gravedad.
SEPIDES ha sido transformada en una Entidad Pública Empresarial para mejorar la gestión y eficiencia en el apoyo al sector industrial, gestionando nuevos fondos europeos dirigidos a la promoción industrial.