Así lo sostienen la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente: "Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario", afirma el comunicado.
Señalan que las leyes del referéndum y de transitoriedad "no tienen valor vinculante alguno" y que su deber "es no aplicarlas". "Los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas leyes ni las normas dictadas en su desarrollo", prosigue.
En cuanto a los funcionarios, afirma que "tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución".
Los jueces concluyen asegurando que tanto los funcionarios como los ciudadanos en general "encontrarán amparo y respuesta en los Juzgados y Tribunales ante cualquier actuación encaminada a aplicar o imponer disposiciones suspendidas o declaradas nulas".
En esa misma línea se pronunció el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en el reciente acto de Apertura del Año Judicial: "Nadie sufrirá por cumplir la ley", afirmó en su discurso ante el Rey.