Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, ha presentado un protocolo al Gobierno español para inspeccionar barcos con destino a Israel y evitar el transporte de armas que puedan contribuir al genocidio palestino. Este protocolo busca regular la supervisión de buques civiles en puertos españoles y se fundamenta en la legislación nacional e internacional sobre el control del comercio de material bélico. Santiago destacó la necesidad de actuar ante un vacío legal que dificulta la retención de cargas militares. La iniciativa responde a múltiples denuncias previas y busca garantizar una respuesta efectiva ante la escalada de violencia en Gaza.
En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha dado a conocer un nuevo protocolo que propone la inspección de buques con destino al Estado de Israel. Este ‘Protocolo especial de inspección de buques o carga’ se centra en aquellos barcos que atracan en puertos españoles y que podrían estar transportando material bélico destinado a ser utilizado en el conflicto entre Israel y Palestina.
Santiago ha subrayado la urgencia de esta iniciativa, afirmando que se enviará rápidamente a las autoridades competentes del Gobierno de coalición para su evaluación y posible conversión en ley. “Hemos tenido que combinar la advertencia política con denuncias ante la Fiscalía General del Estado”, explicó, refiriéndose a la necesidad de prevenir acciones ilegales relacionadas con el tráfico de armas.
El portavoz ha registrado hasta cinco denuncias relacionadas con este asunto, firmadas tanto por Izquierda Unida como por el Grupo Parlamentario de Sumar. Con el nuevo protocolo, busca aclarar que no se pretende impedir que los barcos atraquen en España; más bien, se solicita que lo hagan para activar las medidas cautelares dictadas por los tribunales que prohíben el envío de material militar hacia Israel.
Desde hace más de un año, la escalada de violencia del régimen israelí contra el pueblo palestino ha llevado a la Corte Internacional de Justicia a emitir varias medidas cautelares. Estas incluyen directrices para no permitir ningún suministro militar que pueda contribuir al genocidio en Gaza y exigir la presentación de pruebas sobre estos actos.
Santiago también recordó que España tiene la obligación legal de impedir el tránsito de material bélico a través de su territorio, fundamentándose en leyes nacionales e internacionales como la Ley 53/1997 sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa. Sin embargo, ha señalado un “vacío legal” en la regulación actual que dificulta esta tarea, algo que le han manifestado tanto sindicatos como autoridades portuarias.
El protocolo presentado busca establecer un marco claro para supervisar e inspeccionar todos los buques civiles con destino a Israel que hagan escala en puertos españoles. Además, Santiago enfatizó la necesidad urgente de aplicar este protocolo debido al riesgo continuo para la población civil palestina por crímenes internacionales presuntamente cometidos.
En caso de encontrar carga sospechosa, será esta última —y no el barco— la que deberá ser retenida. La información sobre lo detectado deberá ser reportada tanto a la Corte Penal Internacional como a la Corte Internacional de Justicia. Santiago aseguró a los periodistas presentes que harán todo lo posible para obtener una rápida aprobación gubernamental del protocolo, buscando así garantizar seguridad jurídica para las autoridades portuarias involucradas en esta labor.
El protocolo es un ‘Protocolo especial de inspección de buques o carga con destino al Estado de Israel’, que busca regular la supervisión e inspección de barcos que atraquen en puertos españoles y puedan transportar material bélico dirigido al pueblo palestino.
El objetivo es incautar cualquier carga militar que pueda contribuir al genocidio en Gaza, asegurando que se cumplan las medidas cautelares dictadas por tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia.
Antes de presentar el protocolo, Izquierda Unida había registrado hasta cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado para evitar actuaciones ilegales relacionadas con el tránsito de armas hacia Israel.
La iniciativa está respaldada por la Ley 53/1997 sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y el Tratado sobre el Comercio de Armas, entre otros tratados internacionales.
Si se detecta carga militar, será esta la que se retenga, no el barco. Además, se deberá informar a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia sobre lo encontrado.
Santiago ha destacado que hay un vacío legal en la regulación del tránsito de armas y ha expresado su compromiso para lograr una rápida aprobación del protocolo por parte del Gobierno.