El Ministerio de Igualdad ha subrayado la importancia de que prevalezca el interés superior del menor en el caso del hijo pequeño de Juana Rivas, en medio de incertidumbres sobre la jurisdicción judicial en España. La ministra Ana Redondo enfatiza que es fundamental escuchar al menor, garantizar su seguridad y evitar su convivencia con un maltratador. Además, se recuerda que diversos juzgados pueden intervenir para proteger al niño, conforme a las obligaciones del Estado español bajo tratados internacionales. Redondo también aboga por avanzar en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para abordar adecuadamente casos de violencia vicaria.
El Ministerio de Igualdad ha subrayado la importancia de que prevalezca el interés superior del menor en el contexto de la controversia judicial relacionada con el hijo pequeño de Juana Rivas. En medio de la indeterminación sobre qué órgano judicial en España debe decidir su situación y el posible regreso a Italia con su padre, la ministra Ana Redondo ha enfatizado que, respetando la independencia del Poder Judicial, es fundamental priorizar el bienestar del niño.
Redondo ha afirmado que este interés implica escuchar al menor, considerar su opinión y garantizar su seguridad, evitando así cualquier convivencia con un maltratador. La ministra ha hecho hincapié en que tanto los Juzgados de Violencia contra la Mujer como los Juzgados de Instrucción y Familia tienen la responsabilidad de proteger al menor, en cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul.
La titular del Ministerio también se refirió al Reglamento 2019/1111 del Consejo de la Unión Europea, que regula cuestiones relacionadas con la competencia y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y responsabilidad parental. Este reglamento permite denegar el reconocimiento de decisiones de otros estados si estas contravienen el orden público o si existe un problema relacionado con los derechos constitucionales. “El orden público en democracia se basa en la defensa y protección de los derechos, especialmente los del menor y su madre”, afirmó Redondo.
En conclusión, la ministra destacó la necesidad urgente de avanzar en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto es crucial para asegurar que tipos específicos de violencia, como la vicaria, cuenten con una normativa adecuada en España.
El Ministerio de Igualdad enfatiza que siempre debe prevalecer el interés superior del menor, lo que incluye escuchar su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador.
Los Juzgados de Violencia contra la Mujer, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Familia son los órganos que pueden proteger y amparar al menor, dependiendo de la naturaleza de la violencia involucrada.
Se menciona el Reglamento 2019/1111 del Consejo de la Unión Europea, que permite denegar el reconocimiento de resoluciones de otros estados si son contrarias al orden público o si la competencia judicial corresponde al país donde está el menor.
La ministra Ana Redondo resalta la importancia de avanzar en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para asegurar que tipos de violencia como la vicaria tengan una normativa aplicable en España.