Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Los acusados, involucrados en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros. El director formal, ciudadano danés, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión, mientras que el gerente de facto, ciudadano turco, recibió una pena de cinco años y nueve meses. La investigación sigue activa con otros sospechosos bajo escrutinio.
Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados el pasado 28 de marzo de 2025 en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, por un fraude fiscal multimillonario que involucró el IVA. La sentencia se produjo tras una exhaustiva investigación realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo, bajo el nombre en clave Goliath.
Los acusados fueron hallados culpables de asociación delictiva y fraude fiscal a gran escala mediante un esquema conocido como "fraude en cadena del IVA". Este complejo mecanismo se aprovecha de las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, que están exentas del impuesto al valor agregado. El tribunal determinó que las actividades ilegales de los condenados causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros.
Según los hallazgos de la investigación, los condenados establecieron empresas en Alemania y otros países miembros de la UE, así como en naciones fuera del bloque europeo, para comercializar productos electrónicos de consumo, principalmente AirPods. Utilizaron una cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos que evadían sus obligaciones fiscales. Posteriormente, otras entidades dentro de esta red fraudulentas reclamaban reembolsos del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
El director formal de la organización, un ciudadano danés, fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión. Además, el tribunal ordenó la confiscación de activos por un valor aproximado de 320 000 euros.
Por su parte, el gerente 'de facto', un ciudadano turco, recibió una pena de cinco años y nueve meses tras las rejas, con una confiscación ordenada que asciende a 211 000 euros.
En cuanto al tercer acusado, un ciudadano húngaro, los procedimientos legales fueron cerrados a cambio del pago de una multa monetaria de 75 000 euros, conforme a la Sección 153a del Código Procesal Penal alemán.
Estas son las primeras condenas resultantes de la investigación Goliath, aunque aún están sujetas a apelación. Otros sospechosos continúan bajo investigación.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Daño causado por actividades ilegales | €26 millones |
| Sentencia del director formal (Danish citizen) | 5 años y 2 meses |
| Confiscación de activos del director formal | €320,000 |
| Sentencia del 'de facto' manager (Turkish citizen) | 5 años y 9 meses |
| Confiscación de activos del 'de facto' manager | €211,000 |
| Multa del tercer acusado (Hungarian citizen) | €75,000 |
La investigación Goliath es una operación realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Hamburgo, centrada en un grupo criminal internacional involucrado en fraude fiscal de varios millones de euros mediante un esquema de fraude de IVA.
El director formal de la organización, un ciudadano danés, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión, mientras que el 'de facto' gerente, un ciudadano turco, recibió una sentencia de cinco años y nueve meses. También se ordenó la confiscación de activos por un total aproximado de €320,000 y €211,000 respectivamente.
Se trató de un fraude de IVA a gran escala conocido como "fraude en cadena", donde las empresas establecidas desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales, permitiendo que otras empresas reclamaran reembolsos de IVA a las autoridades fiscales nacionales.
El daño causado por las actividades ilegales de los acusados se estimó en aproximadamente €26 millones.
Los procedimientos contra el tercer acusado, un ciudadano húngaro, fueron terminados a cambio del pago de una multa monetaria de €75,000.
El EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.