La campaña 'Con M de Mujeres. Todas las Mujeres. Muévete' pone el foco en la movilización de las mujeres a lo largo de la historia e invita a seguir avanzando en la igualdad.
También hace hincapié en que las reivindicaciones del 8M son comunes a todas las mujeres y destaca que es fundamental avanzar de la mano para la consecución de objetivos comunes. La unión y la sororidad son las claves de la iniciativa.
El Ejecutivo considera que es necesario volver a explicar por qué son necesarias las políticas públicas de igualdad, por qué existe el Día Internacional de la Mujer y por qué hay que seguir reivindicando y trabajando para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
Además, el Consejo de Ministros extraordinario, celebrado con motivo del 8-M, ha aprobado una declaración institucional en la que celebra los logros de las mujeres y renueva su compromiso con la igualdad efectiva, la lucha contra la violencia de género y la autonomía plena de las mujeres.
El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por eliminar toda forma de discriminación, independientemente de su forma o condición, en cualquier ámbito de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reunida el 16 de diciembre de 1977, declaró oficialmente el 8 de marzo de cada año Día Internacional por los Derechos de la Mujer con el objetivo de visualizar esa lucha de las mujeres por participar en todos en todos los ámbitos de la vida al igual que los hombres.
Su origen está en las manifestaciones y protestas protagonizadas por las mujeres desde comienzos del siglo XX, en especial, en Estados Unidos y en varios países de Europa, que reclamaban el derecho al voto, mejores condiciones laborales y salariales y la igualdad entre mujeres y hombres.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
A su vez, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por Naciones Unidas, incorpora el compromiso con la igualdad de género como objetivo transversal y es un elemento clave en las políticas, presupuestos e instituciones nacionales.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental de la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. En la actualidad, es un valor europeo fundamental recogido en el Tratado de la Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento y en la Carta de los Derechos Fundamentales.
En España, la Constitución reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo y consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
Por otra parte, la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres establece un marco jurídico para lograr la igualdad de trato entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo y pone el acento en la prevención de las conductas discriminatorias.
El Gobierno reivindica que la igualdad supone una mejora de la vida para todas las personas, sean mujeres u hombres. En este sentido, ha impulsado medidas para alcanzar una sociedad equitativa y equilibrada, donde se superen las brechas de género.
Las actuaciones del Ejecutivo se han centrado en la introducción de la transversalidad de género en todas las políticas públicas y normas aprobadas, la elaboración de informes de impacto de género, el nombramiento y la designación equilibrada de cargos públicos y la promoción de permisos ligados a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Otras iniciativas dirigidas a toda la sociedad española, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento de las becas o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital han beneficiado mayoritariamente a las mujeres.
Por otra parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incorpora medidas orientadas a elevar la tasa de empleo femenino; mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración; elevar el potencial educativo; avanzar en la igualdad de oportunidades y reducir la brecha digital.
Las normas con más impacto sobre la igualdad entre hombres y mujeres han sido:
Pacto de Estado contra la Violencia de Género: La prioridad del Ejecutivo es renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para mejorar la respuesta a las víctimas y atender a las nuevas formas de violencia, como la que se desarrolla en el ámbito digital. Casi la totalidad de los grupos parlamentarios han registrado esta semana una petición en el Congreso de los diputados para crear una subcomisión que retome los trabajos iniciados en la pasada legislatura.
Además, el Ministerio de Igualdad trabaja para impulsar el denominado cribado universal y situará la atención primaria como el primer espacio para la detección precoz de la violencia contra las mujeres. E implantará las Unidades de Valoración Forense Integral en todas las comunidades autónomas previstas en la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Igualdad salarial: El Consejo de Ministros aprobó el 20 de febrero de 2024 una declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial que se celebró el 22 de febrero. El texto recoge todos los avances realizados por el Gobierno para reducir la brecha salarial, como el incremento del 54% del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2018, que ha beneficiado especialmente a las trabajadoras, o la aprobación de la reforma laboral, gracias a la que hay más de 9.400.000 trabajadoras, una cifra histórica.
El Ejecutivo va a continuar desarrollando e impulsando medidas que permitan avanzar en la eliminación de la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres a lo largo de la legislatura. Por ejemplo, la futura disminución de la jornada laboral sin merma del salario favorecerá el reparto equilibrado de las tareas de cuidados.
Ley de Paridad: El Gobierno aprobó el 5 de diciembre de 2023 el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que se encuentra en tramitación parlamentaria. La norma tiene como objetivo garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida social, política y económica. La futura norma sitúa a España en el liderazgo de la igualdad y avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030.
El texto establece que el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores, o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros, o un activo superior a 43 millones.
En el ámbito electoral, serán obligatorias las 'listas cremalleras'. Es decir, las candidaturas deberán estar integradas por mujeres y hombres, ordenados de forma alternativa.
El principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos, se aplica a los miembros del Consejo de Ministros, a los órganos constitucionales y a los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado, los colegios profesionales, los tribunales y los órganos colegiados.
III Plan Estratégico para la Igualdad Efectivas de Mujeres y Hombres: El Consejo de Ministros aprobó el Día Internacional de la Mujer del año 2023 el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres con el fin de convertir el feminismo en una cuestión de Estado.