La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de 94.5 millones de euros para sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas. Los acusados, que incluyen a dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, son acusados de presentar información falsa para obtener fondos europeos. Además, se investiga al exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria por autorizar pagos a pesar de conocer la falsedad de los datos. Los implicados enfrentan medidas cautelares, incluyendo fianzas y restricciones de salida del país. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía ha presentado cargos de fraude contra cuatro individuos tras una investigación relacionada con un proyecto destinado a diseñar y construir sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria búlgara. Este proyecto, que abarca el tramo ferroviario entre Plovdiv y Burgas, cuenta con una financiación de más de 94.5 millones de euros (BGN 184,999,094.97) provenientes de la Unión Europea.
El contrato para llevar a cabo el proyecto fue adjudicado a un consorcio formado por cuatro empresas. Dos gerentes de una compañía italiana y el gerente de una empresa búlgara, todos parte del consorcio ganador, enfrentan cargos por fraude en la contratación pública. También se ha acusado a un exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria.
A tres de los acusados se les impuso una fianza de 50,000 euros, mientras que al cuarto se le fijó una fianza de 5,000 euros. Además, el gerente de la empresa búlgara tiene prohibido salir del país.
La investigación revela que los representantes legales de las compañías del consorcio presentaron información falsa a la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria para obtener ilegalmente fondos europeos. En particular, afirmaron que una de las empresas tenía experiencia previa en Sistemas Globales para Comunicaciones Móviles en Ferrocarriles (GSM-R) y en el Sistema Futuro de Comunicación Móvil Ferroviaria (FRMCS), lo cual les permitió ganar la licitación. Sin embargo, las pruebas indican que ninguna de las cuatro empresas contaba con la experiencia necesaria.
Se entiende que el exdirector general de la Compañía Nacional firmó el contrato y autorizó los pagos a pesar de ser consciente de que la información presentada era falsa.
El consorcio también presentó una declaración asegurando que ejecutarían el contrato sin subcontratistas. No obstante, posteriormente firmaron un contrato con un subcontratista austríaco con experiencia en los trabajos requeridos, quien había sido excluido previamente del procedimiento público por no cumplir con los requisitos técnicos.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales búlgaros competentes.
La EPPO actúa como la oficina independiente del fiscal público dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Valor del proyecto | €94.5 millones |
| Bail impuesto a tres acusados | €50,000 |
| Bail impuesto al cuarto acusado | €5,000 |
| Valor en BGN (lev búlgaros) | BGN 184,999,094.97 |
Cuatro sospechosos han sido acusados de fraude por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) tras una investigación sobre un proyecto para diseñar y construir sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria búlgara.
El proyecto tiene un valor superior a los 94.5 millones de euros, financiados por la Unión Europea.
Los acusados incluyen a dos gerentes de una empresa italiana, el gerente de una empresa búlgara parte del consorcio ganador del contrato y un exdirector de la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria.
Se les imputa haber presentado información falsa para obtener ilegalmente fondos de la UE, afirmando que tenían experiencia previa necesaria para ganar la licitación.
A tres de los acusados se les impuso una fianza de 50,000 euros y a uno se le impuso una fianza de 5,000 euros. Además, el gerente de la empresa búlgara tiene prohibido salir del país.
Este caso resalta los riesgos asociados con la corrupción y el mal uso de los fondos europeos destinados a proyectos públicos.