El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha rechazado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado en una causa abierta. La declaración se mantiene programada para este miércoles a las 10 horas. El juez desestimó también otras diligencias propuestas por la defensa y la fiscal provincial de Madrid, que incluían citar a declarar al querellante y a varios periodistas. Sin embargo, se aceptó la incorporación de ciertos documentos solicitados por las defensas. Esta decisión subraya la importancia del proceso judicial en curso y el compromiso del tribunal con el avance de la causa.
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha desestimado la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para posponer su declaración como investigado. La comparecencia está programada para este miércoles a las 10 horas, y el juez instructor ha rechazado las diligencias que el investigado proponía realizar antes de su comparecencia.
Además, se ha denegado la petición de la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, quien solicitó aplazar la declaración fijada para este jueves. Entre las diligencias que el instructor ha decidido no llevar a cabo se encuentran la citación del querellante en la causa, Alberto G.A., así como la declaración de varios periodistas y la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La única diligencia que ha sido aceptada por el magistrado es la incorporación a la causa de varios documentos solicitados por las defensas. Estos incluyen instrucciones y guías de actuación del Ministerio Fiscal, así como dos artículos publicados recientemente en el diario El País.
En cuanto a la toma de declaración de Alberto G.A., el juez Hurtado ha expresado su sorpresa ante el interés mostrado por la defensa, señalando que “lo habitual es que el testimonio de quien comparece como acusación más que favorecer venga a resultar perjudicial para el acusado”. El magistrado considera innecesaria una diligencia que pueda dilatar el proceso.
Respecto a la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, se fundamenta en evidencias testificales que contradicen sus afirmaciones sobre el momento en que facilitó información a los medios. Según se indica en el auto, varios testigos han afirmado que Rodríguez ya había compartido dicha información con los periodistas mucho antes de lo declarado oficialmente.
El juez también ha destacado que uno de los correos clave en esta investigación fue enviado por el abogado de Alberto G.A. al fiscal Julián Salto. Este correo comunica una voluntad firme para alcanzar un acuerdo penal reconociendo delitos contra la Hacienda Pública. La controversia gira en torno a cuándo se difundió información relacionada con este asunto y cómo ello afecta al caso actual.
El auto señala que hay discrepancias sobre el momento exacto en que ciertos testimonios tuvieron conocimiento del correo mencionado. Sin embargo, el juez concluye que las diligencias solicitadas no son necesarias, ya que no se entiende cómo podrían influir en el caso actual. Resalta además las implicaciones reputacionales derivadas de las filtraciones relacionadas con estos correos.
La situación continúa desarrollándose en un contexto donde las decisiones judiciales tienen un impacto significativo tanto en lo legal como en lo público, reflejando las complejidades inherentes al sistema judicial español.
El magistrado del Tribunal Supremo que ha desestimado la petición es Ángel Luis Hurtado.
Álvaro García Ortiz solicitó posponer su declaración como investigado en la causa abierta en su contra.
La declaración está programada para este miércoles a las 10 horas.
El juez instructor rechazó citar a declarar al querellante Alberto G.A. y a varios periodistas, así como la intervención del dispositivo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se aceptó la incorporación a la causa de varios documentos solicitados por las defensas, incluyendo instrucciones y guías de actuaciones del Ministerio Fiscal, así como dos noticias publicadas en el diario “El País”.
El juez considera innecesaria esta diligencia porque opina que el testimonio del querellante podría ser más perjudicial que beneficioso para el acusado y que ya se puede formar una idea sobre su posición a partir de su propia querella.
Existen testimonios contradictorios sobre si algunos periodistas tuvieron acceso a un correo relevante antes de su publicación, lo cual genera controversia sobre la cronología y las implicaciones legales relacionadas con su difusión.