El Gobierno de España y las comunidades autónomas han movilizado más de 2.000 millones de euros para transformar el modelo de cuidados a personas con dependencia, centrándose en la atención domiciliaria y comunitaria. Este plan operativo, que se desarrollará hasta 2025, incluye 695 actuaciones destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y evitar la institucionalización. El objetivo es ofrecer cuidados personalizados en el hogar y fomentar un modelo de atención más humano y cercano. El ministro Pablo Bustinduy inaugurará un congreso sobre esta estrategia, donde se presentarán estudios sobre la transición hacia cuidados personalizados.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha puesto en marcha un ambicioso plan operativo que tiene como objetivo transformar el modelo de cuidados a personas con dependencia hacia un enfoque más centrado en el hogar y la comunidad. Esta iniciativa, que se desarrollará en 2025, moviliza más de 2.000 millones de euros, provenientes de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de España, para llevar a cabo un total de 695 actuaciones.
El propósito fundamental es garantizar que los cuidados sean personalizados y se brinden en el entorno familiar de cada persona dependiente. Esto implica una transición del actual modelo basado en grandes residencias hacia uno más pequeño y comunitario, donde las personas puedan recibir atención sin abandonar sus hogares.
El ministro Pablo Bustinduy inaugurará este jueves un congreso dedicado a esta estrategia estatal, donde se presentará un estudio sobre la transición hacia cuidados personalizados y comunitarios. Este plan no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidad, sino que también abarca a aquellos sin hogar y menores migrantes.
Uno de los pilares del plan es el acceso a una vivienda digna, considerado un derecho esencial que permitirá prevenir la institucionalización. Según Bustinduy, “la vivienda no es solo un derecho, sino la condición necesaria para desplegar otros derechos fundamentales, como el acceso a cuidados dignos y la autonomía personal”.
El plan se articula en cinco ejes principales:
La elaboración del plan operativo ha sido fruto de un proceso participativo que incluyó seminarios y consultas con otros ministerios y comunidades autónomas. La colaboración ha sido clave para asegurar que las políticas respondan adecuadamente a las realidades locales.
Pablo Bustinduy inaugurará el Congreso EDI (Estrategia de Desinstitucionalización) el próximo jueves 12 de diciembre. Este evento contará con expertos del sector y presentará un estudio sobre los procesos hacia modelos de apoyo personalizados. Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, clausurará el congreso.
Cifra | Descripción |
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2.000 millones de euros | Inversión total movilizada por el Gobierno y CCAA para transformar el modelo de cuidados. |
695 | Total de actuaciones previstas en el plan operativo. |
602,6 millones de euros | Dotación para el eje de prevención de la institucionalización. |
131 millones de euros | Dotación para el eje de participación y concienciación social. |
687,2 millones de euros | Dotación para el eje de transformación de modelos de cuidado. |
584,3 millones de euros | Estimación para el eje de servicios para la transición a la comunidad. |
47,9 millones de euros | Dotación para el eje de condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización. |
El objetivo del plan operativo es transformar los cuidados a las personas con dependencia hacia un modelo más centrado en el domicilio y en la comunidad, ofreciendo cuidados personalizados en los hogares donde viven estas personas.
El plan operativo tiene una inversión superior a los 2.000 millones de euros, aportados por 12 gobiernos autonómicos y por el Gobierno de España, para llevar a cabo un total de 695 actuaciones.
Se incluyen medidas como facilitar el acceso a viviendas dignas, promocionar la salud y garantizar el acceso a servicios de proximidad, así como la creación de una red de viviendas de titularidad pública para inserción social.
A través de actuaciones que buscan incluir a las personas con necesidades de apoyo y sus familiares en la elaboración de planes individuales de atención, así como fomentar su autodeterminación y derecho a vivir en comunidad.
Se están llevando a cabo acciones centradas en revolucionar la formación de los profesionales y mejorar las condiciones laborales del sector, incluyendo proyectos que incorporan figuras profesionales para personalizar los cuidados.
La vivienda es considerada un derecho fundamental que permite desplegar otros derechos, como el acceso a cuidados dignos y autonomía personal. Se busca garantizar condiciones que permitan a las personas con dependencia quedarse en sus hogares o acceder a viviendas con apoyos comunitarios.