La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, busca garantizar el derecho a la vivienda en España mediante medidas que aumentan la oferta de viviendas asequibles y regulan los precios del alquiler. Esta legislación incluye la creación de un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, beneficios fiscales para arrendadores y límites a las subidas de alquiler en zonas tensionadas. Además, promueve la protección contra desahucios y establece nuevas definiciones para grandes propietarios y viviendas vacías. Con estas reformas, se pretende apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en su acceso a una vivienda digna.
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha recorrido un camino legislativo significativo en España. Aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, pasó por el Congreso el 27 de abril de 2023 y recibió su visto bueno definitivo del Senado el 17 de mayo. Finalmente, fue publicada en el BOE como la Ley 12/2023, el 25 de mayo, marcando un hito en las políticas de vivienda del país.
Esta ley se inscribe dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que abarca diversas iniciativas para la rehabilitación y regeneración urbana. Su objetivo principal es aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles y proteger a los grupos más vulnerables.
Entre las principales disposiciones, se encuentran medidas destinadas a evitar tensiones en el mercado del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables. La ley otorga a comunidades autónomas y municipios herramientas para contener o reducir los precios del alquiler, así como para incrementar el parque de vivienda en alquiler social.
Uno de los ejes centrales de esta legislación es frenar el aumento desmedido en los precios del alquiler. Para ello, se creará un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, que proporcionará información sobre los costos en cada área residencial, promoviendo así mayor transparencia en este mercado.
A medida que esta legislación entra en vigor, se espera que genere un impacto significativo en el acceso a la vivienda y contribuya a mitigar las dificultades económicas enfrentadas por muchos ciudadanos españoles.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 50% | Porcentaje mínimo de vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida. |
| 30% - 40% | Aumento del porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida en suelo urbanizable. |
| 10% - 20% | Aumento del porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida en suelo urbano no consolidado. |
| 90% | Reducción en los rendimientos del alquiler para arrendadores que bajen precios en zonas tensionadas. |
| 3 años | Período durante el cual se puede declarar una zona como mercado residencial tensionado. |
La Ley de Vivienda regula el acceso a la vivienda, estableciendo medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables.
La ley incluye regulaciones para los parques públicos de vivienda, calificación indefinida de la vivienda protegida, un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo reservado para vivienda protegida y la elaboración de un inventario del parque público de vivienda.
Se crea un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler que proporciona información sobre los costos en cada zona. Además, se establecen beneficios fiscales para arrendadores que ofrezcan precios asequibles y se declaran zonas de mercado residencial tensionado donde se aplican límites al aumento del alquiler.
Se establece una prórroga extraordinaria en contratos por situaciones de vulnerabilidad social y se determinan que los gastos de gestión inmobiliaria sean asumidos por el arrendador.
La ley mejora la comunicación entre órganos judiciales y servicios sociales, ampliando plazos de suspensión de lanzamientos y requiriendo procedimientos de conciliación cuando el demandante sea un gran propietario afectando a personas vulnerables.
Se considera "gran tenedor" a quienes poseen más de 10 inmuebles o 5 o más inmuebles en zonas declaradas como tensionadas. También se define "vivienda vacía" para aplicar recargos en el IBI a propiedades vacías por más de 2 años.