Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, ha resaltado la relevancia de la formación profesional en centros penitenciarios para facilitar la inserción laboral de los internos. Durante un evento en el Centro Penitenciario de Córdoba, donde se entregaron diplomas a 72 internos que completaron cursos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Díaz enfatizó que esta capacitación es clave para su reinserción social. En 2024, más de 2.600 personas privadas de libertad obtuvieron cualificaciones profesionales, destacando la colaboración entre distintas instituciones para ofrecer formación en áreas como albañilería y restauración. Esta iniciativa busca mejorar las oportunidades laborales de los internos tras cumplir sus condenas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado la relevancia de la formación profesional impartida en los centros penitenciarios como un pilar fundamental para la inserción laboral. Durante un acto celebrado en el Centro Penitenciario de Córdoba, donde se entregaron diplomas a los internos que completaron sus cursos, Díaz subrayó el esfuerzo conjunto de diversas entidades para hacer posible esta iniciativa.
En su intervención, la vicepresidenta agradeció a todos los funcionarios públicos y colaboradores que han hecho realidad este convenio, enfatizando que “la reinserción social es una de las prioridades de la administración penitenciaria”. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también presente en el evento, destacó la importancia de los recursos formativos como herramientas esenciales para alcanzar este objetivo.
En 2024, un total de 2.611 personas privadas de libertad obtuvieron cualificación profesional a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado. Este incremento del 6 por ciento respecto al año anterior refleja el éxito de las políticas implementadas.
Díaz y Grande-Marlaska se dirigieron a los 72 internos que recibieron sus diplomas, resaltando el impacto transformador de esta acreditación en sus vidas. “Este reconocimiento es solo el inicio de un camino hacia la integración laboral”, señalaron ambos ministros durante la ceremonia.
Anualmente, la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo firma un convenio con el SEPE para impulsar acciones formativas dentro de los centros penitenciarios. El acuerdo renovado a finales de 2024 cuenta con una inversión de 4.826.500 euros.
Durante el último año, se han programado 206 cursos, beneficiando a 3.286 alumnos y alumnas. Las especialidades más demandadas incluyen albañilería, gestión ambiental y panadería. En Andalucía, casi un tercio de estos cursos se han llevado a cabo, con 719 personas obteniendo su acreditación.
El acto concluyó con la entrega de diplomas a los alumnos presentes en el centro penitenciario, quienes representaron una nueva esperanza hacia su futura inserción laboral.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2.611 | Personas privadas de libertad que obtuvieron cualificación profesional en 2024. |
| 206 | Cursos programados para 3.286 alumnos y alumnas en los centros penitenciarios. |
| 4.826.500 euros | Dotación del convenio anual para acciones de formación profesional. |
| 6% | Aumento en el número de personas que superaron la formación respecto al año anterior. |
| 63 | Alumnos y alumnas que superaron la formación en el Centro Penitenciario de Córdoba en 2024. |
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidieron la entrega de diplomas a los internos e internas del Centro Penitenciario de Córdoba.
En 2024, un total de 2.611 personas privadas de libertad obtuvieron la cualificación profesional que otorga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en los establecimientos penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado.
El objetivo principal es la cualificación profesional de las personas privadas de libertad para reforzar sus posibilidades de inserción laboral una vez finalizado el cumplimiento de la condena.
Las especialidades más programadas están vinculadas a áreas como albañilería, gestión ambiental, panadería, pastelería, restauración, jardinería y confección.
Anualmente, se suscribe un convenio que cuenta con una dotación de 4.826.500 euros para impulsar acciones de formación profesional en los espacios donde residen las personas privadas de libertad.