El Ministerio de Igualdad ha abierto un expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alerta sobre cursos de conversión sexual en diócesis españolas dirigidos a personas LGTBI+. La ministra Ana Redondo se reunió con el presidente de la asociación para discutir los detalles. La ley 4/2023 prohíbe estas prácticas y establece sanciones económicas que van desde 200 hasta 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. El director general para la Igualdad LGTBI+, Julio del Valle, enfatizó la necesidad de debatir sobre el impacto negativo de estas terapias en la salud mental de las personas afectadas.
El Ministerio de Igualdad ha tomado la decisión de abrir un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Esta denuncia señala que en diversas diócesis españolas se están llevando a cabo cursos y talleres destinados a la conversión sexual de personas LGTBI+.
La ministra Ana Redondo se reunió recientemente con Saúl Castro, presidente de la asociación, quien le proporcionó detalles sobre la denuncia interpuesta ante el Ministerio a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
El Ministerio procederá a analizar el contenido de esta denuncia con el fin de determinar las acciones pertinentes dentro del marco de sus competencias. La ley 4/2023, que busca garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y proteger los derechos del colectivo LGTBI, prohíbe por primera vez “la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento” que intenten modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género, incluso si hay consentimiento por parte del afectado o su representante legal.
Sanciones económicas establecidas
La legislación contempla sanciones económicas que varían entre 200 y 150.000 euros, además de implicar la prohibición para recibir ayudas públicas, dependiendo de la gravedad del caso. Las infracciones leves incluyen el uso o emisión de expresiones vejatorias, que pueden ser sancionadas con apercibimientos o multas que oscilan entre 200 y 2.000 euros.
Las infracciones graves abarcan situaciones en las que no se retiran expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales tras una solicitud. Estas serán multadas con cantidades que van desde 2.001 hasta 10.000 euros. Por otro lado, las infracciones muy graves, que pueden acarrear multas entre 10.001 y 150.000 euros, incluyen la promoción o práctica de métodos destinados a modificar orientaciones sexuales o identidades de género.
Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, subrayó al término de la reunión la importancia de iniciar un debate social sobre el significado y las consecuencias negativas asociadas a las terapias de conversión. Del Valle enfatizó que estas prácticas niegan tanto la identidad como la orientación sexual de los individuos afectados, advirtiendo sobre los daños psicológicos que pueden perdurar durante toda su vida e impactar negativamente en su vida afectivo-sexual.
| Tipo de Infracción | Multa (Euros) |
|---|---|
| Infracciones leves | 200 - 2,000 |
| Infracciones graves | 2,001 - 10,000 |
| Infracciones muy graves | 10,001 - 150,000 |
El Ministerio de Igualdad ha decidido abrir un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alega que en varias diócesis españolas se están impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.
La ministra de Igualdad es Ana Redondo, quien se reunió con Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, para discutir los detalles de la denuncia.
La ley 4/2023 prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género, incluso con el consentimiento del interesado.
Las sanciones varían desde 200 hasta 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos. Las infracciones leves pueden ser sancionadas con apercibimientos o multas menores, mientras que las infracciones muy graves pueden llevar a multas significativas y prohibiciones para recibir ayudas públicas.
Según Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, estas terapias pueden ocasionar daños psicológicos duraderos en las personas LGTBI+, afectando su vida afectivo-sexual.