Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha calificado de "incomprensible" la intención del PSOE de eliminar la acusación popular, un avance clave en la justicia democrática. Santiago argumenta que esta figura ha sido fundamental para perseguir delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos, especialmente cuando las instituciones no actúan. Su crítica surge tras la proposición de ley del PSOE que busca restringir la acusación popular, justificándola como una medida para proteger derechos fundamentales. Santiago aboga por una reforma judicial profunda en lugar de limitar este mecanismo esencial para la justicia.
Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y representante del Grupo Plurinacional Sumar en asuntos de Justicia, ha calificado de “incomprensible” la intención del PSOE de eliminar la figura de la acusación popular. Según Santiago, esta medida atenta contra uno de los principales avances en materia de justicia que trajo consigo la democracia, permitiendo una eficaz persecución de delitos como la corrupción y diversas violaciones a los derechos humanos, especialmente en aquellos casos donde las instituciones estatales han fallado en su deber.
La crítica surge a raíz de una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista que propone restringir el ejercicio de la acusación popular bajo ciertas circunstancias y para determinados grupos, incluidos partidos políticos y asociaciones. Esta iniciativa se justifica con el argumento de proteger derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales consideradas abusivas.
Santiago sostiene que “el Partido Socialista no puede defender la libertad de expresión solo cuando le conviene o según quién sea el afectado”. En su opinión, eliminar prácticamente la acusación popular es comparable a “cargarse al mensajero”, argumentando que esta no es la solución adecuada para combatir el fenómeno conocido como ‘lawfare’. Propone, en cambio, llevar a cabo una reforma profunda del sistema judicial para evitar que los jueces se involucren en política y actúen bajo la influencia de grupos ultraderechistas y difusores de ‘fake news’.
El portavoz también recordó que casos emblemáticos, como la condena al Partido Popular por financiación irregular y otras sentencias contra destacados líderes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, fueron posibles gracias a la acción de la acusación popular.
Santiago enfatizó que “las páginas más prestigiosas de la justicia española” han sido escritas gracias a estas acciones populares, citando ejemplos relacionados con crímenes cometidos durante las dictaduras argentinas y chilenas que permanecían impunes en sus respectivos países.
Recientemente, el Congreso aprobó considerar otra proposición impulsada por Izquierda Unida para derogar varios delitos que limitan la libertad de expresión. Entre estos se encuentran las ofensas a los sentimientos religiosos y las injurias a la Corona, así como otros delitos utilizados para encarcelar a personas por actos simbólicos como quemar una bandera.
Santiago concluyó afirmando que “la forma más rápida de garantizar la libertad de expresión es que el PSOE deje de obstaculizar esta proposición” y permita avanzar hacia una reforma necesaria del Código Penal. Además, valoró positivamente el plan de regeneración democrática acordado entre los socios del Gobierno y otros grupos parlamentarios, señalando que contiene medidas suficientes para frenar el uso indebido del sistema judicial como herramienta política.
A pesar de reconocer que los tribunales no deben aceptar querellas basadas únicamente en recortes periodísticos frecuentemente falsos, advirtió que cambios legales aislados no serán suficientes para erradicar prácticas políticas dentro del ámbito judicial. Según él, “no se puede legislar en caliente ni reaccionar ante titulares mediáticos”.
Enrique Santiago considera "incomprensible" que el PSOE pretenda eliminar la acusación popular, argumentando que es uno de los grandes avances en materia de Justicia que se lograron con la democracia.
El PSOE propone prohibir el ejercicio de la acusación popular en ciertas circunstancias y para determinados grupos, supuestamente para proteger derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas.
Santiago sostiene que la acusación popular ha permitido la eficaz persecución de delitos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos, especialmente en casos donde las instituciones del Estado no han actuado.
Menciona casos como la condena al Partido Popular por financiación irregular, que llegaron a los tribunales gracias a la acusación popular, así como actuaciones relacionadas con crímenes de dictaduras argentinas y chilenas.
Propone derogar varios delitos que restringen la libertad de expresión, incluyendo ofensas a sentimientos religiosos y injurias a la Corona, y critica al PSOE por bloquear esta iniciativa.
Santiago afirma que los tribunales no deberían admitir querellas basadas únicamente en recortes periodísticos, muchos de los cuales pueden ser falsos, y señala que esto ya ha sido declarado por el Tribunal Supremo.